Con votos de ARENA, FMLN y PDC en comisión política, los diputados acordaron emitir dictamen favorable para superar el veto presidencial a la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional este martes, en la última sesión plenaria de la legislatura saliente.
Este veto se encontraba en estudio en referida comisión, luego que la ley no fuera aceptada por el Presidente Nayib Bukele, tras su aprobación en el pleno en febrero de 2020.
A pesar que el partido FMLN señaló que la ley no cumplía con los requisitos que garantizara justicia a las víctimas y dijeron no acompañar la iniciativa el año pasado, sí dieron sus votos en comisión para superar el veto.
Siete votos fueron los necesarios para emitir dictamen que se espera conocer la tarde de este martes: Nidia Díaz y Jorge Schafik del FMLN; Carlos Reyes, Mauricio Vargas, Julio Fabián y Carlos Saade de ARENA, y Rodolfo Parker del PDC.
¿Qué contiene la ley?
Según el mandatario, la ley no se cumple tres de los cuatro parámetros que definió la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En los que trata de acceso a la verdad, y justicia; y medidas de reparación de víctimas.
Acceso a la justicia
La Fiscalía General de la República (FGR) como único ente encargado, tendrá una unidad especializada de investigación de un listado no mayor a 165 casos. Y tendrá como plazo un año para evaluar los hechos denunciados.
Otro punto cuestionado, es que no podrá investigar de oficio, a menos que se presente una denuncia o si un juez ordena la investigación, con base a la querella que podrán presentar las víctimas en un juzgado local.
Los jueces podrán valorar si conmutan la pena a los condenados, bajo los preceptos de salud o edad, incluso de decretar medidas alternas a la prisión.
El rango de juzgamiento –según la ley- será entre el 1 de Enero de 1980 al 16 de enero de 1992.
Además se les dará amnistía a los que no hayan cometidos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Acceso a la verdad
El artículo 66 establece que el imputado podrá recibir una reducción de la quinta parte de la condena si pide perdón, reconoce su grado de participación de los hechos y colabore con el esclarecimiento de los casos “y cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos”, reza el artículo.
Además se creará un Centro de Documentación de custodia de archivos oficiales de instituciones públicas, militares y policiales, sin embargo, mantiene la reserva en aquellos archivos con esa categoría.
Según denuncias, la ley lo tuvo que prever en un principio.
Medidas de reparación
El Gobierno dispondrá de $10 millones para el 2021 para medidas de reparación de víctimas; y además podrán recibir en el presupuesto un aporte del Estado y cooperación internacional.
