Por: Redacción YSKL
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió una investigación contra el ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, por irregularidades en su gestión.
La diligencia se basa en una denuncia, presentada por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos (TRACODA), en la cual lo señalan de haber utilizado recursos públicos para actividades privadas, conforme al artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG). Esto también consigna en una investigación de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.
El 15 de octubre del año 2018, un investigador de TRACODA solicitó a la FGR los montos a cobrar derivados de las responsabilidades establecidas por la Corte de Cuentas, incluyendo el nombre de las personas sancionadas en los juicios de cuentas.
La Fiscalía resolvió denegar el acceso por tratarse, según ellos, de información confidencial, pues los nombres de los servidores públicos encajan en dicha categoría, según la LEG.
Este día, el Tribunal de Ética Gubernamental inició una investigación en contra del antiguo Fiscal General de la República por una denuncia presentada por TRACODA.
Al ex servidor público se le atribuye, presuntamente, haber utilizado recursos públicos para actividades privadas. pic.twitter.com/imDQ3pcKqw
— TRACODA (@TRACODASV) May 25, 2021
Tras varios procesos, entre apelaciones y negatorias, el 16 de octubre del 2020, el IAIP inició un proceso administrativo sancionatorio (NUE 13-D-2020) en contra del ahora ex jefe del Ministerio Público (2018-2021), por negarse a revelar la información solicitada.
La oficina de comunicaciones de la FGR informó en su momento, que “en ningún momento se trata sobre una negativa a dar los nombres de funcionarios que no han pagado multas”, esto a pesar de que sus documentos oficiales dicen que fue precisamente esa la razón por la que no entregaron los datos pedidos.
Melara, supuestamente designó a auxiliares fiscales para que ejercieran su defensa técnica en el proceso administrativo; esto también fue denunciado por TRACODA, porque se utilizaron recursos públicos para atender asuntos que conciernen a la función de la persona, y no la institución que preside, según reza el literal F, del artículo 6 de la LEG.
Dentro de la evidencia aportada, se incluyeron correos electrónicos y anexos en los que se muestra que las agentes auxiliares remitieron documentos para defender al Fiscal General en horario laboral, así como certificaciones notariales firmadas por agentes auxiliares.
Por este último punto, también se denunció ante el TEG la presunta utilización de notarias de la FGR para que certificaran documentos que no guardan relación con sus labores institucionales; TRACODA sostiene que, en este caso Melara está sujeto a contratar personal particular y no de la entidad.
En el documento en que se inició el proceso, Melara fue advertido que, en caso de ser encontrado responsable, la multa tendría que ser pagada con fondos de su propio patrimonio.
El TEG le dio a Melara diez días hábiles para presentar respuesta por lo que se le acusa. A menos de ocho meses de dejar el cargo (5 de enero 2022), Melara fue destituido de sus funciones, el primero de mayo, por parte de la Asamblea Legislativa.
