Por: Redacción YSKL
Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, no descartan continuar los cierres de centros penales que se encuentren dentro de ciudades y cabeceras departamentales, confirmó este lunes, el titular del ramo, Gustavo Villatoro.
El funcionario, dijo en la entrevista Diálogo de Canal 21, que en la medida que se adquieran equipos bloqueadores de señal telefónica y mejoren la infraestructura de los penales, es un hecho que se cerrarán más cárceles, con la cual se agotarán los niveles de hacinamiento.
“En Mariona estamos haciendo las carpetas, para construir otro centro penitenciario que albergue más de 10,000 personas, para cerrar otros penales pequeños, adentro de cabeceras departamentales y poder convertir estos lugares en focos de oportunidades”, precisó Villatoro.
El ministro afirmó que actualmente hay un 8% del hacinamiento carcelario, pero en diciembre del 2020, esta cifra alcanzaba el 120.5%, según reportes de Centros Penales.
El Presidente Nayib Bukele, anunció el 16 de abril de este año, el cierre de tres centros penales, esto debido a que se encontraban en centros urbanos. Las cárceles cerradas fueron las de Sonsonate, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad; el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Metapán, ubicado en medio de la ciudad y la cárcel de La Unión, en el municipio del mismo nombre.
A principios de 2019, El Salvador poseía 28 penales; actualmente hay 23 y hasta 2020 contaban con una capacidad para 18,051 reclusos; no obstante, tenían más de 37,190, hasta el cierre del 2020. Según reveló el Director de Penales, Osiris Luna, se plantea que bajo el Plan Control Territorial se reduzca a 10 cárceles en el país.
El 21 de mayo pasado, las autoridades de Seguridad movieron a 846 personas detenidas en bartolinas policiales y fueron llevadas a centros penales, debido a que muchos ya fueron condenados en sede judicial.
El movimiento de reos de las bartolinas se hace en cumplimiento a una resolución de la Sala de lo Constitucional que data del año 2017, en la que ordenaba a las autoridades realizar las gestiones necesarias para prevenir y erradicar el hacinamiento. Esto gracias a un habeas corpus presentado por un reo que se contagió de tuberculosis y no obtuvo el tratamiento adecuado.
