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Por: Redacción YSKL
Ante el aumento de contagios del COVID-19, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, exhortó a la población en general a mantener todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus, este se centra en la aglomeración de personas.
“A pesar de los esfuerzos percibidos en pro del derecho a la salud, mediante un proceso de vacunación universal y gratuito (…) la relajación de medidas por parte de la población, así como constantes aglomeraciones en todos los ámbitos, parecen incidir en el alza de casos que continúa saturando el sistema hospitalario del país”, precisó el funcionario.
Además, recomendó acatar las medidas dictadas por el Ministerio de Salud evitando las concentraciones o aglomeraciones no necesarias, con base al decreto de suspensión de eventos públicos y privados que solicitó el Gobierno a la Asamblea Legislativa el martes 6 de julio.
“Se exhorta a la población en general a acudir a los centros de vacunación establecidos por el sistema nacional integrado de salud y adoptar las demás medidas de prevención establecidas, lo que garantiza su derecho a la vida, integridad física y salud”, expresó el jefe del ministerio público, con relación a la disposición aprobada, en la cual se establece la vacunación contra covid, interés nacional.
Por otra parte, pidió a los titulares del Sistema Integrado de Salud, conformado por el Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y el Comando de Sanidad Militar, elaborar un lineamiento práctico de aplicación del Decreto Legislativo avalado por el Congreso “a efecto de evitar su interpretación y aplicación por parte de las autoridades, genere afectaciones a derechos humanos y fundamentales no limitados en el mismo”, señaló Tobar.
Para evitar menoscabo a los derechos fundamentales, Tobar también le recordó a las autoridades de seguridad interpretar y aplicar de manera adecuada el decreto.
De acuerdo a la iniciativa, se suspenderán por 90 días la realización de conciertos, mítines políticos, eventos deportivos abiertos al público y festejos por fiestas patronales; además, se obliga a la población a portar mascarilla. De no acatar las medidas las sanciones van desde los 20 a 100 salarios mínimos del sector comercio y la Fiscalía está facultada para procesar a los infractores bajo los delitos de Desobediencia de Particulares.
