Por: Redacción YSKL
La Defensoría del Consumidor presentó este martes el balance general de la verificación de precios de productos de consumo básico, en el marco del aumento del 20% del salario mínimo.
El Presidente de esta institución, Ricardo Salazar, informó que, desde julio a agosto 2021, se han inspeccionado 1,474 establecimientos a nivel nacional, logrando registrar 41,554 precios.
“Esta labor de verificación de precios es continua y permanente dentro de las acciones de vigilancia de mercado”, explicó el funcionario.
En ese período, se han realizado 52,363 registros en supermercados; 19,430 en farmacias; 16,467 puestos de mercados: y 3,280 tiendas mayoristas, de conveniencia y agroservicio.
43 productos están siendo investigados por indicios de incrementos injustificados, relacionados a aceite vegetal (21%); huevos (34%); pollo (7%); verduras (55%); agua embotellada (10%); leche (6%); alcohol gel (18%); harina de maíz (16%); embutidos (7%). 30 de estos, son cadenas de supermercados, 4 de empresas de agua envasada, 1 tienda mayoristas y 4 farmacias.
Los hallazgos se realizaron en los municipios de Mejicanos, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, San Marcos, en San Salvador; Sonsonate, departamento de Sonsonate; San Miguel, en el Departamento del mismo nombre; San Luis Talpa, La Paz; Usulután; y en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
“Contamos con un sistema electrónico, donde toda la información que es captada, es enviada a una base de datos, la cual nos permite hoy en día reportar, que la defensoría cuenta con información de 2,140 productos, de esa base, 573 estamos nosotros verificando y monitoreando”, afirmó Salazar.
De acuerdo a datos de la Defensoría, entre enero del 2021 a la fecha, se han contabilizado 265,529 registros, “contamos con una base suficiente información para identificar incrementos abruptos de productos”, enfatizó Salazar. La plataforma “Ponele el dedo al especulador” ha registrado 108 denuncias, 50 de estos han sido atendidos, el resto no contaba con la información necesaria para identificar el producto.
Sobre los insumos que incrementaron precios, la Defensoría inició un procedimiento administrativo sancionatorio para multar a las empresas, con hasta 500 salarios mínimos, previo al proceso legal.
