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Por: Redacción YSKL
La Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió un recurso de apelación a favor de una sociedad en la que aparece Alexandra Hill, actual Canciller de la República, que había solicitado al Estado, una indemnización de $254.9 millones por tierras expropiadas en el año 1980.
Se trata de la Sociedad Rafael y Nini Guirola Compañía, la cual fue favorecida el 24 de junio pasado, con una revisión a la resolución que dictó la Cámara de lo Contencioso Administrativo, que ya se había negado a admitir la demanda, declarándola improponible el 9 de marzo del 2020.
En la demanda, se puede leer que la compañía reclama al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) la millonaria suma, esto gracias a un vacío en el artículo 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que no estipula plazos perentorios para demandar al Estado por daños devenidos de una violación de derechos constitucionales, como la adquisición de terreno, que precisamente fue expropiado a la familia de la Canciller, por la reforma agraria del 6 de marzo de 1980.
La Sala analizará si procede el argumento de los demandantes y de emitir un fallo, lo enviará a la misma Cámara que conoce el proceso. Esta instancia debe conocer los peritajes de los daños ocasionados a la familia y posteriormente cuantificar el monto económico afectado.
La propiedad, de 2,458 hectáreas, se encuentra en el departamento de Santa Ana, atraviesa los municipios de El Congo y Coatepeque, entre la finca Los Pinos y la Hacienda La Presa, respectivamente.
¿Porqué 254 millones?
La representación de Rafael y Nini Guirola presentó, en el primer escrito, un peritaje que consigna la cantidad que el Estado debe reparar en concepto de daños.
Según se lee en la demanda, $32.19 millones se contabiliza en bienes que “sufrieron” “daños y perjuicios”; el lucro cesante, es decir, la ganancia que se deja de percibir por la expropiación de tierra desde hace 29 años, que asciende a $142 millones. Más lo que dejaron de percibir en cosechas de café, $15.86 millones; y $31.4 millones que se perdió por no invertir en las ganancias de este grano.
Además, se cuenta $33.6 millones en daños a la imagen y “al bueno nombre comercial” y la pérdida de crédito y reputación comercial.
Esos daños suman los $254.9 millones que reclaman al Estado en concepto de indemnización, reza parte de una publicación del periódico El Faro.
