Compras de emergencia, infraestructura deportiva y patrimonio propio, entre las atribuciones que tendrá el Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que avaló la Asamblea Legislativa a través de una ley este martes en sesión plenaria.
Los juegos se llevarán a cabo en San Salvador, durará 16 días y participarán 5,800 atletas de 38 países.
La ley contiene 27 artículos, donde se declara al Comité Organizador como una institución de interés y utilidad pública, ya que dejará infraestructura deportiva para llevar a cabo la justa regional.
El comité podrá nombrar, contratar, remover y conceder licencias y señalar horarios de trabajo del contratado en el período que funja el comité organizador; asimismo coordinar planes de desarrollo, acorde a normativa Olímpica.
Su conformación será: el presidente, que será el titular del Instituto Nacional de los Deportes (INDES); dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y tres directivos, quienes se desempeñarán ad honorem.
Tendrán patrimonio propio ya sea de organizaciones olímpicas, cooperaciones, donativos o por ingresos de las actividades deportivas. Las sesiones serán cada 15 días y pueden suscribir asocios público privados en el caso que los escenarios deportivos no sean propiedad del Estado.
Así también, en el artículo 19 se estableció la “declaratoria de urgencia para las adquisiciones y contrataciones”. Para ello, se llevará a cabo la adquisición de equipo, bienes y servicios; la construcción y reconstrucción de obras de infraestructura deportiva. Todo remarcado en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El 15 de mayo del presente año, el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports acordó unánimemente otorgar a la ciudad de San Salvador la sede de los XXIV juegos Centroamericanos y del Caribe.
