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Por: Redacción YSKL
El Presidente Nayib Bukele tuvo una nota de 7.64 en la última encuesta que publicó el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La investigación se desarrolló entre el 13 al 20 de agosto del 2021, en donde participaron 1,281 salvadoreños de 18 años en adelante, quienes residen en los 14 departamentos.
La nota bajó levemente comparado con otros estudios desarrollados por el IUDOP.
En diciembre 2020, el mandatario obtuvo una puntuación de 8.37 en la investigación divulgada por esta casa de estudios. Y si se compara con el informe de noviembre del 2019, fue más bajo, porcentualmente hablando (7.8).
“El índice de aprobación es del 82%, es un porcentaje alto. Aunque este respaldo ha bajado, no se endosa a sus diputados ni a su partido político”, señaló Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA.
Laura Andrade, Directora del IUDOP, destacó que las notas al trabajo gubernamental varían conforme a diferentes grupos de personas.
5.82 colocan las personas que rechazan la adopción del Bitcoin; 5.79 los que reprobaron los primeros 100 días de los Diputados de la Asamblea Legislativa; 5.12 que critica la participación de más soldados en la seguridad pública; y 6.56 que estima que la situación económica empeorará al cierre del 2021.
Corrupción
La población encuestada apoyó en un 96.2%, que el Presidente de la República debe “solicitar que se investigue siempre” a funcionarios de su gobierno cuando tengan señalamientos de haber cometido actos de corrupción.
En cuanto a la Lista Engel, que señala a cuatro de los funcionarios actuales, de involucramiento en actos que socavan la democracia, la administración pública y que han favorecido o han participado en posibles actos de corrupción, el 71.7% califica de «Muy necesaria» la investigación, en contra de los sindicados.
En ese sentido, el 96.4% está de acuerdo que deben investigarse y procesarse penalmente a funcionarios señalados por actos de corrupción, tanto del actual gobierno, como de los anteriores.
El 96.2% también apoya que las compras y gastos en los Órganos de Estado deben ser públicos y de conocimiento de la población.
