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Por: Redacción YSKL
El martes 31 de agosto, la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, aprobó con dispensa de trámite, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. En ese sentido, los jueces que cumplan con 30 años de trayectoria o los 60 años de edad, deberán salir de la judicatura salvadoreña.
Esto no ha caído en gracia para al menos 190 jueces y magistrados de primera y segunda instancia, quienes se han unido al clamor general de que fue asestado otro golpe al Poder Judicial.
Este viernes, el Magistrado de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama, hizo fuertes críticas sobre las reformas y argumentó que no se configura un asidero legal para aplicarse y señaló que los Diputados aún pueden revertir la decisión.
“Las cosas comenzaron mal desde el 1 de mayo, cuando se destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin haberlos escuchado, sin abogado defensor, y en ese punto de vista, el psicópata de Chalchuapa va a tener mejor suerte que ellos; eso dice mucho de la calidad política y moral que tomó la Asamblea Legislativa […] el segundo golpe fue esto que aprobaron los señores Diputados”, señaló el juez en la entrevista Frente a Frente.
Para Lizama, el Decreto que se traduce en la separación forzada de miembros de la judicatura, representa un “eufemismo”, que ha provocado la reacción general entre la administración de justicia.
“En la historia, los jueces siempre han sido de mayor edad, son venerables y respetables, porque acumulan conocimiento y experiencia y sesenta años no significa automáticamente incapacidad para trabajar […] lo que dijeron en el pleno, acusándonos de corruptos, eso es difamatorio, es una clara lesión del honor del funcionariado judicial; en los considerandos del decreto, no dice absolutamente nada razones de corrupción y se esgrimen razones ininteligibles que beneficiará la carrera judicial”, infirió.
El jurista alegó que separar del cargo a cerca de 400 jueces y magistrados interferirá en las audiencias, plazos de detención, resoluciones de medidas que peticionen mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
“Tiene errores técnicos, de lesiones de derechos fundamentales de los jueces y ciudadanos […] es una ley que con solo entrar en vigencia, lesiona derechos de una persona”, sentenció el Magistrado.
El Decreto, según recordó, puede ser promovido solamente por la Corte, que tiene iniciativa de ley en aspecto del Órgano Judicial, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de la República, por lo que la Asamblea habría usurpado las facultades de este Poder de Estado.
“Espero que algún organismo internacional pueda revertir esta decisión, porque a nivel interno no se puede”, aseveró.
Los jueces presentaron ayer un escrito ante los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exhortar al Congreso la derogatoria de las enmiendas, y, aunque no pudieron entrar para entregar la carta personalmente, Lizama dijo que habría respuesta del Órgano Judicial y que el Presidente Nayib Bukele, enviaría observado esta modificación.
“Lo que se nos informó es que la Corte trabajaba un instrumento jurídico para modificar en alguna medida los efectos de este Decreto Legislativo […] además se nos dijo, esto a manera de insinuación, porque no es con toda claridad, como que el Presidente iba a devolver el decreto a la Asamblea con observaciones…”, aseguró.
En dicha entrevista reveló que el Presidente de la Corte, Óscar López Jeréz, sostuvo una reunión con un Magistrado de la Sala de lo Penal, uno de la Sala de lo Constitucional y el Presidente de la Sala de lo Civil, en donde supuestamente se esperaba un pronunciamiento del Presidente Bukele a través de twitter, para anunciar las observaciones.
“Estuvimos esperando desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:30, y ese tuit no cayó, pero sí se nos informó que la Corte trabaja un instrumento jurídico para hacer modificaciones de ese decreto”, añadió.
