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Por: Redacción YSKL
En compañía de autoridades del Colegio Médico, Cristosal y el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, los familiares de los profesionales en salud, fallecidos por el COVID-19, exhortaron nuevamente al Ministerio de Salud, a cumplir con el decreto legislativo 723, que otorga una compensación económica a los dolientes.
Este lunes, los familiares dieron cuenta de 222 víctimas del Covid-19, 43 de estas sucumbieron a la pandemia en lo que va del 2021.
Laura Laínez viuda de Rivas, representante del movimiento de familiares, aseguró que ya han presentado varias solicitudes a la cartera de Salud, en donde piden al Ministro Francisco Alabí una reunión para exponerle sus necesidades, tras la muerte de sus familiares; sin embargo, esta no ha tenido respuesta.
“Hasta este momento ya deberían haberse solucionado nuestras peticiones, ya pasó casi un año de la aprobación y digamos que este decreto terminó en marzo de este año, pero hay más médicos fallecidos y las familias quedan a la intemperie porque dependían económicamente de ellos”, expuso.
Los familiares le piden a Salud cumplir con el decreto que les otorga $30,000, además un reconocimiento a los galenos con la construcción de una plaza conmemorativa en la Plaza 1° de Mayo.
Familiares de médicos y profesionales sanitarios fallecidos por el COVID-19 piden a Salud cumplir con seguro de $30,000
Ministerio de Salud aún no cuenta con listado de personal fallecido por la pandemia, denuncian sus familiares
“Hemos pedido también las becas para nuestros hijos, nuestros familiares eran cabezas económicas y todos quedamos con dificultades económicas y nos quedamos sin formar a nuestros hijos, que es tan necesario”, agregó la también doctora en medicina.
El grupo también solicitó que se incluyan en los beneficios al personal de salud destacado en el sector privado, por lo que piden a la Asamblea Legislativa, aprobar un presupuesto especial para pagar las compensaciones en el año 2022.
De momento el Ministerio de Salud les ha exigido presentar a totalidad las partidas de defunción de los parientes, sin embargo, esta situación se les hace difícil a los parientes que viajan del interior del país. “Hay personas que son originarias del interior del país, no pueden viajar hasta San Salvador a entregar la documentación, es más ese, es trabajo del gobierno”, señaló Laínez.
Para Jonathan Cisco, de Cristosal, la exigencia de partidas de nacimiento violenta la ley administrativa del mismo ministerio. “Pueden estar incurriendo en omisión de cumplimiento, puede ser que exigir la partida de defunción sea con la intención de no cumplir”, dejó entrever el abogado.
Según estimaciones, si se paga $30,000 a las 222 familias, se estaría erogando una cantidad que ronda los $6.6 millones.
