Por: Redacción YSKL
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró “preocupante” la Ley de Agentes Extranjeros que recientemente aprobó una comisión parlamentaria de la Asamblea Legislativa.
Una de las voces que sonaron es la de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, al manifestar que, con la imposición de un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera en algunas entidades proscritas por la ley y penas de cárcel a quienes inciten actividades que atenten “contra el orden público, seguridad nacional o soberanía nacional” con financiamiento internacional, supondría una “clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos”.
Very concerning: foreign agent law being fast-tracked in El Salvador. It would apparently include 40%tax on foreign funding,closure of orgs for violations & 2-5 yrs in prison for 'activities against the national interest'. This would be clear violation of🇸🇻's int'l HR commitments
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) November 17, 2021
La tarde del martes 16 de noviembre, también se pronunció sobre la ley Clément Voule, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, quien expresó que se comunicaría con el Gobierno de El Salvador para externar su “seria preocupación” y ofrecer asistencia técnica.
En ese contexto, exhortó a la Asamblea Legislativa, abstenerse de aprobar la propuesta y sugirió que esta debe contar con participación de la sociedad civil.
La Ley de Agentes Exteriores ya fue dictaminada en la Comisión de Relaciones Exteriores, tras realizar cambios a la presentada por el Gobierno, aumentando multas e imponiendo prisión, por lo que sería aprobada en la sesión plenaria del martes de la Asamblea Legislativa.
Esta ley plantea que las organizaciones, fundaciones o asociaciones financiadas por extranjeros deberán pagar un 40% de impuesto al Estado, a excepción de las relativas a la salud, cultura y que ejecuten proyectos de cooperación al desarrollo del país con el gobierno central, alcaldías o comunidades.
Pero también obliga a que las entidades no realicen actividades que alteren el «orden público», bajo fondeo internacional.
Esto luego que las recientes manifestaciones y marchas fueran señaladas por el mismo Presidente Nayib Bukele de ser financiadas por organismos internacionales, por lo que fue mencionada hasta la Embajada de Estados Unidos por diputados de Nuevas Ideas.
Todas las organizaciones que sí contempla la ley, denominadas agentes extranjeros, deberán registrarse en un máximo de 180 días ante el Registro de Agentes Extranjeros (RAE), dependencia del Ministerio de Gobernación.
Desde la entrada en vigencia de la ley, no podrán realizar actividades hasta estar registrados.
El incumplimiento de la ley demanda una multa desde $100 mil a $150 mil.
Las prohibiciones
Se sancionará con multa desde $150 mil dólares a $250 por:
- Actuar como agente extranjero o realizar actividades sin estar registrado en la RAE.
- Recibir donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades, no declaradas previamente en el RAE o recibir fondos de países catalogados como países fiscales.
- Recibir donaciones, fondos o bienes procedentes de fuentes anónimas.
- Transmitir o hacer transmitir en el país correos o mensajes por cualquier medio para o en interés de un mandante extranjeros sin colocar que dichos materiales son en nombre de quien dio los fondos.
- Ocultar que las actividades son realizadas, financiadas o dirigidas en nombre de una entidad extranjera.
Prohibiciones que conllevan a cancelación de la organización
- Realizar actividades para fines políticos con el objetivo de alterar el orden publico o que pongan en riesgo la seguridad nacional.
- Cambiar el propósito declarado por el que recibieron los fondos.
Responsabilidad penal
De 2 a 5 años de cárcel enfrentará la persona o representante de organización que ejecute actos que contravengan el orden público o pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país.
