Por: Redacción YSKL
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se pronunció este martes contra la intervención y allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de siete organizaciones sociales, relacionadas al manejo de fondos públicos.
Estas son: la Asociación Movimiento Mélida Anaya Montes (Las Mélidas); Asociación de Ayuda Humanitaria (PROVIDA); Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES); Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD); Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas “Una Mano Amiga”; Asociación de Mujeres Tecleñas y Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN).
Maricela Ramírez, representante del bloque indicó que las organizaciones allanadas no tienen nada que esconder, siempre han sido auditadas por instituciones de gobierno y cuentan con auditorías externas. “No han recibido ninguna solicitud de información por parte de la Fiscalía ¿Por qué entonces invadir los locales? ¿Con qué intención se hace?”, cuestionó.
Según manifestaron, los allanamientos son utilizados para justificar la persecución en contra de las organizaciones, en el marco de la futura aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
“Todo este procedimiento que ha llevado a cabo tanto la Bancada Cyan como el Presidente Nayib Bukele, tiene como objetivo amedrentar las comunidades, la gente beneficiaria de los proyectos, qué organización internacional querrá pagar 40% de impuestos del apoyo económico, además se intenta justificar el discurso confrontativo que encabeza el Gobierno contra la sociedad civil”, señaló Ramírez.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se pronuncia por los allanamientos a siete organizaciones de la sociedad civil.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) November 23, 2021
Vía @JvlGerardo pic.twitter.com/Nkrhi4HNwo
Graciela Colunga, representante de la Asociación Pro-Vida afirmó que los fiscales y agentes policiales se retiraron a las 12:50 de la madrugada del martes 23 de noviembre y se llevaron documentos contables y computadoras personales de los trabajadores que contienen información original de sus operaciones.
“Secuestraron material contable. Tenemos información contable que viene de cuatro países, son fondos de solidaridad internacional; estamos denunciando secuestros de equipo informático, estamos vigilando que no nos vayan a sembrar pruebas, a hechos que ya están auditados, finiquitados en la Corte de Cuentas y que ellos quieran manipularlos”, lamentó.
Para Walter Durán, representante de la Unión Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia (UNAJUD), el procedimiento fue «ilegal e inconstitucional», porque se retuvieron personas en los locales y se decomisó equipo no relacionado a las instituciones no gubernamentales.
Agregó que han elaborado un documento que refleja las violaciones a derechos ocurridas en los últimos dos años y medio y se presentarán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Naciones Unidas.
