A un año de aprobada la Ley para Personas con Discapacidad aún no existe reglamento para su operatividad

Personas con discapacidad. Foto: Cortesía.
Personas con discapacidad. Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

El 3 de diciembre de cada año, se conmemora en nuestro país el día de la persona con discapacidad y en ese contexto, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad (FRS) con el apoyo de Counterpart International y Partners El Salvador, desarrolla actividades para promover y concientizar la inclusión social de las personas con discapacidades bajo un enfoque de Derechos Humanos.

Este año, la Fundación ejecuta el Proyecto «Mecanismos de atención a personas con discapacidad vulnerados en sus derechos, por los agentes estatales de seguridad pública», el cual tiene como objetivo principal promover el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la seguridad pública, para lograr su reconocimiento y evitar su vulneración.

Desarrollando la campaña «Conocer para Defender», se da con el propósito de concientizar y sensibilizar a la población cómo debe tratar y abordar a las personas con discapacidad por parte de instituciones y agentes de seguridad; además capacitar a las personas con discapacidad, sobre las competencias y límites de los agentes de seguridad pública.

Por otra parte, los Representantes de la FRS expresaron que a un año de entrada en vigencia de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad todavía no exista un reglamento para su aplicación; el cuerpo legal contempla, entre otras cosas el acceso a la salud, deporte, justicia y derecho al trabajo.

Mario Díaz, Director Interino de la Fundación espera que para obtener resultados más concretos, se cree la normativa que le da vida a la Ley, pero también requiere la conformación de un Tribunal Sancionador, que es el que va a imponer las multas o sanciones a aquellas personas o empresas, que incumplan la ley.

Díaz, enfatizó que están en la disposición de trabajar con cualquier institución del Estado, que abone a los a los objetivos de cumplimiento de los derechos del sector, pero sobre todo la inclusión de este.

“Las necesidades que tiene este sector de la población son variadas, en primer lugar que se le dé cumplimiento a la normativa vigente, se requiere un reglamento y un Tribunal Sancionador que la aplique, además la inclusión del sector en las políticas económicas en el país; que tengan mayor acceso a la salud, a la justicia, a actividades deportivas, y en el tema de educación se implementen las políticas de inclusión”, mencionó Díaz.

Elva Chacón de la Red de Sobrevivencia de Personas con Capacidad, detalló que este es el primer año que las personas con discapacidad pueden contar con una ley de inclusión que se sustenta en el marco Internacional de los Derechos Humanos, que a su vez establece que se debe de dar muchas transformaciones sociales para eliminar todo tipo de discriminación.

¿Qué contiene la ley?

Educación

El Ministerio de Educación deberá garantizar que los centros educativos cuenten con los docentes de apoyo a la inclusión requeridos, así también, la implementación de procesos de formación y capacitación permanente dirigida a docentes en educación inclusiva para las personas con discapacidad.

Asimismo, se reconoce a la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) como lengua oficial y natural de las personas sordas.

Laboral

Uno de cada 20 empleados debe corresponder a una persona con discapacidad tanto para el sector público como el privado, solo los empleadores que cuenten con menos de esta cantidad están exonerados.

En el caso que las empresas no cuenten con aspirantes, el Ministerio de Trabajo y el CONAIPD remitirán candidatos que cumplan con el perfil establecido, y a falta de estos, se emitirá una constancia de exoneración por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Como parte de las sanciones de no acatar esta disposición, se podrá imponer una multa de uno a nueve salarios mínimos mensuales establecidas por un Tribunal Sancionador.

Pensión

El Estado, a través de las instituciones competentes en materia de seguridad social, asignará una pensión universal diferenciada a dichas personas. Esta diferenciación se determinará por medio de evaluación de su discapacidad realizada por el Ministerio de Salud.

Además, todo cotizante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) e Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), tendrá derecho a inscribir como beneficiarios de los servicios de salud y suministros de medicamentos a sus familiares con discapacidad hasta con segundo grado de consanguinidad que dependa directamente de este.

El último censo del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPED) del 2015, en El Salvador, el 6% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 432,798 salvadoreños con dificultades.