La audiencia preliminar contra el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, uno de los acusados por el caso Tregua entre Pandillas, finalizó este viernes en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador.
La jueza programó para el próximo 20 de diciembre a las 9:00 de la mañana dar la resolución que define si el exfuncionario pasará a juicio.
Munguía Payés es imputado por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas por presuntamente pactar con pandillas.
En este caso también es acusado el expresidente Mauricio Funes; sin embargo, la jueza resolvió que el proceso contra el exmandatario se desarrollará por separado.
El caso data de 2012 y 2013 durante el periodo presidencial Funes, cuando el entonces funcionario habría sido facilitador por su cargo, de la tregua entre pandillas, donde se habría negociado bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios y económicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuentan con elementos periciales, documentales y testimoniales para acreditar la existencia del delito y grado de participación. Entre estos, están las escuchas telefónicas y declaraciones de dos testigos criteriados: «Noé», que fue reveló la vinculación de pandillas con funcionarios en el caso conocido como Operación Cuscatlán y “Salomón”, quien declaró contra Raúl Mijango en 2018.
No obstante, la defensa de Munguía Payés, asegura que la tregua con pandillas consistía en una política pública con la implementación de programas sociales; sin embargo no tuvo éxito.
Prescripción de delitos
La defensa particular del imputado realizó una petición de la prescripción de la acción penal, de la cual el juzgador resolvió no al lugar, ya que Fiscalía argumentó que cuando los delitos fueron cometidos, el imputado aún contaba con el fuero por ejercer como funcionario público. Por lo que determinaron que los términos de la acusación se toman en cuenta cuando termina el fuero.
Sobre esta misma petición, una Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador ya había resuelto no al lugar dicha petición en la primera etapa de imposición de medidas.
