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Ocho empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se presentaron este martes ante el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador de forma voluntaria tras la revocatorias de medidas sustitutivas a la detención en el caso ASOCAMBIO en el que son acusados.
Las medidas, como asistir a firmar de forma periódica, fueron otorgadas por el Juzgado 6° de Paz, el pasado 15 de septiembre; sin embargo, la Cámara Tercera de lo Penal revocó la decisión y ordenó la detención provisional.
El exminsitro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, también imputado en el caso, también se presentó voluntariamente y fue dirigido a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras la Dirección General de Centros Penales ordena su traslado.
Los empleados que eran parte de una cuadrilla que laboraban en el marco de un convenio entre ANDA y la Dirección de Centros Penales para introducir agua potable y aguas negras en el Penal de Izalco, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir pagos en concepto de horas extras, presuntamente, sin haberlas trabajado.
Según el abogado defensor en la audiencia preliminar va a desvirtuar la acusación fiscal con la presentación de las tarjetas de marcación de sus clientes.
El caso
Los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Centros Penales y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ligados a presuntas irregularidades en el manejo de $14 millones de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) enfrentan proceso por Actos arbitrarios, Peculado, Cohecho impropio, y Falsedad ideológica.
Los acusados:
En este caso figuran como imputados presentes: Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ex Ministro de Justicia y Seguridad, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén; Marco Tulio Lima Molina, ex Director de Centros Penales; Raúl Antonio López, ex Viceministro de Seguridad; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos, todos pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio y Centros Penales.
También son imputados Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Carlos Orlando Fernández, Daniel Antonio Saget Menjívar, José Neftaly Batres Serpas, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los mencionados habrían realizado movimientos sospechosos de los fondos por medio de la ANDA. La defensa cuestionó que no añadiera al proceso al expresidente de la autónoma, Frederick Benítez.
La captura
La captura en septiembre pasado, con la que inició el proceso, proviene de un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, luego que la Organización No Gubernamental (ONG) manejara fondos de las tiendas penitenciarias que corresponden a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y que los recursos no pudieran ser auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Los exfuncionarios eran directivos de Asocambio.
La ONG creada en 2018 se encargaba de financiar, promover, desarrollar y administrar dichos recursos en las 347 tiendas penitenciarias con lo que generarían fondos para el beneficio de la población de reos y también contrataría personal médico y administrativo para las necesidades.
Asocambio recibió $14 millones en un año, manejo de fondos que no fue auditado por no se parte de las arcas del Estado, sino de una asociación, donde no tiene jurisdicción.
Según la Fiscalía, los fondos fueron utilizados para otros fines, entre ellos, pagos adicionales de salarios, supuestas plazas fantasma, cuentas bancarias y compra de vehículos.
Las investigaciones apuntan que los exfuncionarios que dirigían la organización realizaron compras de la institución fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
