Por: Redacción YSKL
A juicio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la organización Cristosal, la revocatoria de las medidas alternas a la detención en favor de ex funcionarios del Ministerio de Seguridad, Policía Nacional Civil (PNC) y Centros Penales, acusados del desvío de fondos de las tiendas penitenciarias constituye en una arbitrariedad y carece de debida motivación jurídica.
Tras una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó, el 29 de octubre dejar sin efecto la resolución del Juzgado 6° de Paz, que determinó que no había riesgo de fuga para los 19 acusados, por lo que ordenó que continuaran el caso bajo un régimen más flexible, no obstante, el tribunal superior aludió que sí figura este precepto.
“Evidenciamos que esta acción pone en riesgo sus vidas e integridad en cualquier centro penitenciario, debido a las funciones ejercidas en materia de seguridad pública, por lo que recordamos el deber del Estado en salvaguardar los derechos de las personas bajo su tutela”, indica un pronunciamiento de ambos organismos.
Según dijeron, las nuevas detenciones “no siguen el debido proceso y violentan derechos fundamentales a la defensa, la justicia y la integridad”, pues ya estaban privados de libertad, sin comunicación con sus abogados, acceso a la salud o garantía de integridad, “es un indicio de la instrumentalización de la justicia para la persecución política y un retroceso al respeto de los derechos humanos, haciendo resurgir la categoría de presos políticos”.
En tanto, señalaron que la resolución dictada “es una clara consecuencia”, de la falta de independencia judicial que, supuestamente se gestó el 1 de mayo con la destitución de la Sala de lo Constitucional y posteriormente a la purga de jueces mayores de 60 años.
Finalmente advirtieron que el mensaje que deja el fallo es “orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al verse expuestos a la privación de libertad”.
El caso
Los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Centros Penales y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ligados a presuntas irregularidades en el manejo de $14 millones de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) enfrentan proceso por Actos arbitrarios, Peculado, Cohecho impropio, y Falsedad ideológica.
Los acusados:
En este caso figuran como imputados presentes: Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ex Ministro de Justicia y Seguridad, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén; Marco Tulio Lima Molina, ex Director de Centros Penales; Raúl Antonio López, ex Viceministro de Seguridad; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos, todos pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio y Centros Penales.
También son imputados Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Carlos Orlando Fernández, Daniel Antonio Saget Menjívar, José Neftaly Batres Serpas, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los mencionados habrían realizado movimientos sospechosos de los fondos por medio de la ANDA. La defensa cuestionó que no añadiera al proceso al expresidente de la autónoma, Frederick Benítez.
La captura
La captura en septiembre pasado, con la que inició el proceso, proviene de un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, luego que la Organización No Gubernamental (ONG) manejara fondos de las tiendas penitenciarias que corresponden a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y que los recursos no pudieran ser auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Los exfuncionarios eran directivos de Asocambio.
La ONG creada en 2018 se encargaba de financiar, promover, desarrollar y administrar dichos recursos en las 347 tiendas penitenciarias con lo que generarían fondos para el beneficio de la población de reos y también contrataría personal médico y administrativo para las necesidades.
Asocambio recibió $14 millones en un año, manejo de fondos que no fue auditado por no se parte de las arcas del Estado, sino de una asociación, donde no tiene jurisdicción.
Según la Fiscalía, los fondos fueron utilizados para otros fines, entre ellos, pagos adicionales de salarios, supuestas plazas fantasma, cuentas bancarias y compra de vehículos.
Las investigaciones apuntan que los exfuncionarios que dirigían la organización realizaron compras de la institución fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
