La Comisión Ad Hoc que estudia la Ley de Recursos Hídricos cambió elementos de su articulado, luego que desde hace dos meses se había emitido dictamen.
Fueron las peticiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juntas de Agua y de la población en general.
Sobre la ley
Se reconoce el derecho al agua y saneamiento, también señalaron que el agua «no podrá ser privatizada bajo ninguna condición» y el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento con equidad e igualdad de género asegurando la sustentabilidad ambiental.
La ley también será de orden público; es decir, que toca derechos colectivos y regulará la «gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del país; y promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos», de acuerdo con el artículo 2.
Además, con esta se fomentará el saneamiento y la higiene, así como promover la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y en particular, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos.
Establece la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), donde se incluyen como miembros de la Junta a representantes de los Ministerios: de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Economía, Turismo, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación.
También se añadirá un representante de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, de la Universidad de El Salvador (UES), un representante por cada uno de los organismos zonales de cuenca y un representante de la «sociedad civil».
A pesar que el artículo 61 de la Ley de Recursos Hídricos relativo a los permisos de explotación del agua ya había sido aprobado por la Comisión, fue cambiado por los diputados en las sesiones; eran 5 años prorrogables a 10 años los permisos, pero el diputado Guevara, presidente en funciones de la comisión, propuso regresar a la propuesta inicial del gobierno de 15 años.
Lo cuestionado
Los cánones para el uso del agua no tendrían criterios diferentes para empresas y organizaciones no gubernamentales o juntas de agua, por lo que organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguran que servirá para usar el líquido como mercancía y beneficio al sector privado.
«Si es un Derecho Humano ¿Por qué Nuevas Ideas propone que paguemos el agua bajo los mismos criterios que las empresas que se lucran con ella? Así como está la ley, no hay excepciones para los pagos que se tendrán que realizar en concepto de cánones», cuestionaron en un comunicado.
Los 15 años prorrogables en permisos para la explotación del agua, dicen que se traduce a «privatización del agua».
La ley podría aprobarse en la próxima sesión plenaria.
