Por: Redacción YSKL
Han transcurrido entre ocho a cinco meses desde que los ex funcionarios gubernamentales y municipales de administraciones del FMLN, fueron detenidos por delitos de corrupción y desde entonces, no han recibido visitas de sus familiares, aseguró este miércoles representantes del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
Zoila Menjívar, hermana de la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, procesada por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero, aseguró que desconocen el estado de salud de la ex funcionaria, pues desde hace cinco meses, no han recibido ninguna notificación por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), pese a que se han realizado varias solicitudes; aseguró que la institución alega que por el COVID-19, no pueden permitir el acercamiento con ella.
«Ella padece de hipertensión, lo que nos preocupa es el funcionamiento de su sistema pulmonar, desde hace diez años ve a un neumólogo por su problema asmático, eso nos preocupa, porque el aislamiento y la humedad a ella se le puede disparar una crisis», manifestó.
Este es uno de los diversos casos que el Comité ha denunciado; aseguran que por presiones políticas del Gobierno, el sistema de justicia no ha querido otorgar medidas alternas a la detención considerando el tipo de delitos no carcelables y la condición de salud. Y, por el contrario, los imputados han sido sometidos a tratos inhumanos en los penales, prohibiéndoles las visitas y en algunos casos acceso a medicamentos.
Por su parte, Ivania Cruz, hermana de Ever Hernández Cruz ex Regidor de la Alcaldía de Zacatecoluca, procesado por Negociaciones Ilícitas, Peculado y Cohecho (soborno), aseguró que han tenido conocimiento que funcionarios del sector justicia e incluso del Gobierno estarían presionando a los acusados a confesar los delitos, a cambio de que se les brinden condiciones adecuadas en las cárceles. Esto debido a falta de pruebas para sostener las causas en los tribunales.
«Es un mecanismo que está utilizando la Fiscalía y los Jueces, el tema de confesiones, prácticamente todos los procesos están faltos de prueba incluso de testigos, y la única garantía del Gobierno es que acepten el cargo. Hay familiares con mucha depresión y de esa vulnerabilidad de ellos, se están aprovechando», reveló.
En octubre, el COFAPPES presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) contra el Director General de Centros Penales, Osiris Luna y el Juez Segundo de Paz interino de San Salvador, Carlos Alberto Iraheta Zelaya, por violación de derechos humanos a los imputados que fueron enviados a detención provisional.
«Nuestros familiares han sido sometidos a tratos vejatorios, sin respetarles el debido proceso, y se les ha puesto en riesgo su salud e integridad personal con el actuar arbitrario de las instituciones que estamos denunciando», aseguraron.
Parte de los demandantes de COFAPRES son Jorge Schafik, hermano de la exviceministra de educación, Erlinda Hándal, detenida en el proceso; así como Zoila Menjívar, hermana de Violeta. Los familiares denunciaron que hay padecimientos por los que no pueden estar bajo detención provisional y sostienen que no se les estaría dando el seguimiento médico.
La defensa de los acusados intentó apelar la decisión del Juez Segundo de Paz ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, pero esta no dio respuesta pese a que la ley la obliga a resolver en un lapso de cinco días. En su lugar una de las Magistradas se excusó de conocer el caso en virtud de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, pues se iba a someter a un régimen de disponibilidad porque las enmiendas estatuyen que debe salir de sus funciones por su edad.
Waldo Feusier, abogado de Violeta Menjívar, dijo que ya se contabilizan cuatro meses en que el juzgado no emitió respuesta del recurso.
«El retraso se ha debido principalmente a la Sala de lo Penal, que ya sea por manera voluntaria o involuntaria, a mí me gustaría creer que es involuntaria y por negligencia que se tardaran en conocer una excusa que presentó una Magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal, que es Rosa María Fortín, que dijo ‘Yo no puedo conocer, me excuso ¿Sala díganme si tengo que conocer o no? La Sala tenía que conocer la excusa, pero en septiembre ella se fue, volvió a la Sala a tenerlo un mes y medio más», dijo el abogado, quien explicó que un mes después de presentado el escrito, la Sala lo remitió a la Cámara sin que se resolviera, «yo no me puedo sentir confiado, antes de la reforma al sistema judicial era complicado, pero ahora se pone mucho más precaria la situación».
Según Feusier, el Ministerio Público estaría pidiendo seis meses más del plazo de Instrucción para presentar más evidencias, que implica que los acusados permanecerán detenidos.
