Por: Redacción YSKL
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, no comparte las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que proclaman que El Salvador atraviesa un declive en su democracia.
El funcionario, manifestó este lunes en una entrevista televisiva que la democracia consiste en la “expresión de las mayorías” y esto aplica en la Asamblea Legislativa, cuya representación oficialista ha aprobado leyes que han sido duramente criticadas por las oenegés que defienden derechos humanos.
“Bajo esa perspectiva, ¿Es el pueblo el que ha decidido que esté una persona alternada en el Gobierno? sí. ¿Es el pueblo el que ha decidido que el partido político que representa esa persona impere mayoritariamente en la Asamblea? Sí. Entonces la expresión del pueblo en el Ejecutivo y en el Legislativo”, justificó Tobar, en la entrevista Diálogo de Canal 21.
“¿Por qué tendríamos que decir que desapareció la democracia? Si es la población misma la que se expresó en las urnas, eso no se puede discutir”, cuestionó.
En dicho espacio, el ombudsman hizo hincapié en que debe cuidarse las administraciones de gobierno y procurar los derechos de la población en todas sus expresiones.
“Los familiares de las víctimas del conflicto armado es uno de estos ejemplos, aún expresan la falta de salud, que es un componente básico de derechos humanos, hablamos de hace 30 años que sucedieron los hechos”, expresó.
En los últimos siete meses, el Órgano Legislativo ha aprobado varias iniciativas que han sido cuestionadas por la organización civil, debido a que promueven opacidad en acciones gubernamentales, transgrede derechos fundamentales y fomenta la centralización de las decisiones en un solo poder de Estado. Algunas de estas son: Ley de Recursos Hídricos, Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, Ley de Dominio Eminente de Inmuebles, reformas a la Ley FODES, entre otras propuestas.
El pasado 9 de noviembre, unas 19 organizaciones exigieron de parte del Procurador Tobar mayor protagonismo ante lo que consideraron “el resquebrajamiento del Estado de Derecho”, que había sido golpeado desde el 1 de mayo, con la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional.
“Consideramos que existen omisiones de su parte al mandato establecido por la Constitución de la República. Durante este tiempo ha habido acontecimientos constitutivos de violaciones a derechos humanos, aprobación de leyes que afectan el ejercicio de los derechos humanos; ante ello vemos pronunciamientos débiles que no reflejan la contundencia que amerita el contexto y las graves afectaciones al Estado de Derecho”, señala la misiva.
Reprocharon que ha habido un alejamiento entre la Procuraduría y organizaciones civiles.
