Foto: FESPAD.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentó este viernes una propuesta de reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), con el fin de fundamentar los procesos para la destitución de jueces y magistrados del Órgano Judicial.
Héctor Carrillo, de FESPAD, señaló que los actuales procedimientos adolecen de causas y procesos, por lo que el documento ofrece llenar los vacíos legales para remover a impartidores de justicia y no repetir un episodio como la destitución de Magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo del 2021.
“El proceso fue criticado por distintos sectores, lo cierto es que tiene serias consecuencias a la institucionalidad, por ejemplo algunas decisiones en el Órgano Judicial tiene a su base lo que ocurrió con los Diputados, porque no se siguió un procedimiento para separar a los Magistrados”, explicó.
¿Que reformas proponen?
La organización de abogados sugiere modificar el artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial, con el fin de incluir en las causales de destitución a Magistrados de Cámara y Salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Actualmente sólo regula la actividad de los jueces de tribunales comunes.
De aprobarse la reforma, los magistrados serán sometidos a la actual normativa, pues será causa de separación el Abuso de Autoridad atribuyéndose funciones; Ejercer el Cargo careciendo de los requisitos; Solicitar dádivas o favores de interesados en procesos, directamente o interpósita persona; Asesorar en asuntos judiciales; Hacer constar en diligencias hechos que no sucedieron; o Dejar de relacionar hechos sí ocurridos, entre otros.
Como novedad, también plantean crear la causa “Ejercer el cargo sin cumplir el proceso de elección previsto en la Constitución de la República y la Ley de la Carrera Judicial”, “Prevalecerse del cargo para favorecer familiares o amigos en empleos públicos” y “Comportamiento privado que afecte su independencia judicial”.
“Esto estaría dando un marco de referencia para procesar a un juez o jueza”, aseveró Carrillo.
Otro punto es que la Fiscalía General de la República (FGR) podría iniciar de oficio un proceso penal contra el jurista que contravenga las causas y también podría ser denunciado por ciudadanos u organismos civiles.
FESPAD también recomendó que los denunciantes puedan querellar en los procesos judiciales que se ventilen contra un juez. Y la FGR tendrá treinta días para recopilar los elementos acusatorios antes de enviar una solicitud de desafuero al Órgano Legislativo. A su vez, los parlamentarios tendrán 15 días para agendarlo en discusión.
“Si hay elementos que señalen haber cometido hechos previstos en la ley tendría la Fiscalía que presentar el proceso de desafuero a la Asamblea Legislativa, hay todo un proceso previo con posibilidad de escucha, defensa y amplio debate ante los diputados”, manifestó.
David Martínez, también de FESPAD, detalló las reformas al RIAL, principal instrumento que rige los procedimientos de los Diputados.
En ese contexto, solicitan que el ingreso de una solicitud de desafuero ante una Plenaria, se lleve a cabo con 56 votos. Incluye proponer hasta una tercera moción la modificación de agenda para incorporar la solicitud.
Por otro lado, Martínez explicó que será necesario crear una Comisión Especial de Investigación con un plazo de trabajo máximo de 60 días para emitir dictamen. Y que sea conformada por todos los partidos representados en el Congreso. “Tendrá este tiempo para decir si hay o no causa para la destitución”, completó Martínez.
Las audiencias serán públicas a la ciudadanía, en caso que la comisión determine que no procede la destitución, quedará archivado sin posibilidad de revivir el proceso.
La propuesta se elaboró por medio de consultas con operadores de justicia, jueces, abogados y Diputados de la Asamblea Legislativa, bajo el programa de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de Centroamérica.
