«El dinero, estoy seguro, jamás llegó a las víctimas», señaló el diputado Jorge Castro en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, luego que el Ministerio de Hacienda expusiera que desde el 2013 al 2021 se invirtieron $10 millones 585 mil 685 en reparación a las víctimas del Conflicto Armado.
Una representante de la cartera de Estado explicó a dicha comisión, que estudia la Ley de Justicia Transicional, los fondos que han sido destinados desde el 2013, año en el que se emitió el decreto 204 de la entonces presidencia de Mauricio Funes, que estableció un Registro de Víctimas para «mecanismos de reparación».
Según Hacienda, el monto total fue distribuido de la siguiente manera:
- Presidencia: $508,625.
- Secretaría de Inclusión Social (en anterior Presidencia): $308,625.
- Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL, institución ahora extinta con la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales): $9 millones 900 mil.
- Desarrollo Local (en la actual Presidencia): $45,500.
Para 2022 se han programado $1 millón 986,480 en Desarrollo Local.
Sobre el cumplimiento de la sentencia El Mozote y Lugares Aledaños, desde 2013 a 2021 se destinaron $26 millones 446,820; para el presenta año se prevé el destino de $6.1 millones.
Los diputados de Nuevas Ideas criticaron que se emitiera un decreto ejecutivo y no una ley para destinar los fondos a la reparación de víctimas, mientras cuestionaron el uso que se les dio.
«Deberían de tener la documentación necesaria que pruebe que los fondos fueron utilizados para los fines establecidos […] La Asamblea ha hecho varias auditorías sobre la gestión de recursos en las legislaturas anteriores. Ya se identificaron $17 millones sin justificar, contando la gestión de Sigfrido Reyes. Debería de constatarse si realmente se utilizaron esos fondos», apuntó Castro.
