Por: Redacción YSKL
Este lunes, CRISTOSAL, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Colectivo Alejandría solicitaron al Ministerio de Justicia y Seguridad, que impulsen la implementación plena de la Ley de Desplazamiento Forzado en El Salvador, aprobada hace dos años en la Asamblea Legislativa.
Dichas organizaciones defensoras de derechos humanos destacan que desde que entró en vigencia la legislación, aún no se ha aprobado un reglamento para ponerla en marcha. Esto perjudica la calidad de respuestas integrales a favor de las víctimas, con un presupuesto enfocado en la atención y búsqueda de soluciones duraderas, señaló Rina Monti, representante de Cristosal.
«A pesar de la importancia de la ley, no ha logrado un impacto directo en la atención y protección a víctimas por la falta de cumplimiento de disposiciones contempladas en la normativa», remarcó.
Entre enero de 2020 y el 8 de febrero de 2022, sólo Cristosal atendió a 1,306 personas en situación de desplazamiento forzado interno (702 por violencia, 572 por cambio climático y 27 por violencia y cambio climático), mientras que SSPAS atendió a 710 personas en esta misma condición y que recibieron atención bajo los parámetros dictaminados por la Ley.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto 2022 aprobado para la partida llamada «Atención Integral» de la cartera de Seguridad fue de $667,267, fue el monto más bajo de todas las unidades presupuestarias de dicho ministerio.
“Por eso es tan importante que se conforme la Comisión Técnica Interinstitucional para darle vida a la Ley a través de su reglamento, de las rutas de atención”, indicó Iohanna Ramírez de SSPAS.
Ante dicha situación, se suman otros desafíos como la falta de una Política Nacional de Prevención y Protección a personas en condiciones de Desplazamiento Forzado Interno y el nombramiento de integrantes de sociedad civil que conformaran la Comisión Técnica Interinstitucional para la atención y protección de personas en dicha situación, que la ley ya les confiere personería jurídica.
Asimismo, las organizaciones consideran urgente que el Estado garantice la atención y protección a la población LGTBIQ+, particularmente aquellas en situación de desplazamiento interno.
Las defensoras de derechos mostraron su preocupación por la falta de idoneidad y capacidad técnica que han tenido los titulares nombrados con anterioridad, por lo tanto, esperan que la nueva encargada asuma su compromiso real con las víctimas.
