Decretan medidas sustitutivas a la detención a exmilitares que sí se presentaron al proceso por Masacre de Jesuitas

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, decretó instrucción formal contra 11 acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, acusados de los delitos de omisión en el delito de asesinato, cómplice en el delito de asesinato, coautores en el delito de asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo.

El juzgador decretó detención provisional a los procesados Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Oscar Alberto León Linares y Rodolfo Antonio Parker Soto, debido a que existe peligro de fuga y se les girará la oden de captura.

Además, decretó medidas sustitutivas a la detención provisional para Carlos Camilo Hernández Barahona y Juan Rafael Bustillo Toledo, el juzgador dijo que solo ellos se hicieron presentes a la audiencia y no existe peligro de fuga, manifetando que ambos se tienen que presentar cada 15 días a firmar y no podrán salir del país.

El juzgador le decretó medidas sustitutivas a la detención a los procesados Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, debido a que se demostró las enfermedades que padece y porque tiene menos de un mes que fue intervenido de una operación; lo mismo determinó para Juan Orlando Zepeda Herrera, debido a que sus defensores presentaron la documentación sobre problemas de salud y una operación que tiene pendiente.

Asimismo, para el procesado Rafael Humberto Larios López pasa a la siguiente etapa sin ninguna medida, manifestando el juzgador que hay muchas deficiencias en la acusación hacia él.

Por otra parte, para los procesados Inocente Orlando Montano y Alfredo Félix Cristiani Burkard, el juez resolvió mediante vista del requerimiento, manifestando que para ambos se determina una detención provisional y posteriormente se van a girar las órdenes de captura.

Asimismo, se les dio sobreseimiento definitivo a Francisco Elena Fuentes y Rene Emilio Ponce Torres, ambos ya fallecidos.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados participaron en la planificación de los hechos ocurridos la madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil. En medio de una ofensiva guerrillera, manifestando que supuestamente entraron a la Universidad José Simeón Cañas (UCA) miembros del batallón Atlacatl, para asesinar a las víctimas.