El requerimiento fiscal contra el empresario de transporte Catalino Miranda fue presentado este martes en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, donde se le acusa por los delitos de resistencia y desórdenes públicos en perjuicio de la administración y la paz pública.
Miranda fue capturado la noche del sábado pasado; la Policía Nacional Civil (PNC) informó que se debió a alzas en cobro de tarifas en unidades de transporte 42 y 152, de la que es concesionario, y por obstrucción de la vía, ambos con sanciones administrativas; fue hasta el lunes que el director policial, Mauricio Arriaza Chicas, que señaló que la captura fue por el delito de resistencia agresiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de resistencia que es sancionado con prisión de seis meses a dos años por «oponerse mediante violencia» a la ejecución de un «acto legal» de la autoridad pública o se mostrara contra un requerimiento.
También se le imputa el delito de desórdenes públicos que según el Código Penal en el artículo 348 consiste en que «cuando dos o más personas alteren el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellos circulen […] serán sancionados con prisión de dos a cuatro años».
Fiscalía acusó también a dos personas más por el delito de venta a precio superior, relacionado al incremento del pasaje; y a otra persona por tenencia ilícita de placas de circulación.
Venta a precio superior está contemplado en el artículo 234 del Código Penal: «el que vendiere alimentos, bienes o prestare servicios a precios superior al que constare en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el producto o distribuidor o prestador de servicios, será sancionado con prisión de uno a tres años».
Además, solicita a la juzgadora decrete la instrucción formal con detención provisional contra el empresario, en audiencia inicial programada para el viernes 18 de marzo, a las 12:15 m.
