Diputados avalan ley especial para construir Aeropuerto y Tren del Pacífico sin uso de la LACAP

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La Comisión de Economía dictaminó favorable la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos al Tren del Pacífico, que fueron solicitadas por el Gobierno.

Estas leyes permiten la expropiación de inmuebles y no utilizar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en los procesos de compras.

Los dictámenes pasarán a la sesión plenaria de este martes de la Asamblea Legislativa.

¿En qué consisten?

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) será la encargada de la planificación, construcción, explotación y administración del Aeropuerto; podrá delegar funciones al Ministerio de Obras Públicas (MOP); este último tendrá las mismas funciones en la construcción del Tren.

Ambas instituciones podrá para asociarse y celebrar convenios con privados o construir sociedades para dicho fin, por lo que preparará por su cuenta los estudios y construcción o contratará a una empresa para hacerlo.

El espacio necesario para la construcción del aeropuerto y tren podrán adquirirse por compra, permuta o por expropiación; los inmuebles del Estado también se pondrán a disposición de dicho proyecto.

También podrán declarar de utilidad pública los bienes, edificaciones que comprendan el área de construcción de la terminal aérea y el trayecto de dicho tren.

Expropiaciones

Los propietarios de los inmuebles podrán acercarse voluntariamente para vender su propiedad luego que la zona a intervenir fuera publicitada bajo el Diario Oficial, de no ser así, las instituciones puede recurrir a la Fiscalía General de la República (FGR) y juzgados, por lo que podrán expropiar a los que no se sometan al proceso.

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Además, todos los procesos serán exonerados de impuestos.

No aplicarán la LACAP

Para la construcción del aeropuerto y del tren, así como todas las compras que conlleva, no se aplicarán las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP.