338 denuncias fueron las que recibieron cinco organizaciones de derechos humanos en el país por posibles violaciones en el marco del régimen de excepción, que avala las capturas masivas por pertenecer o tener vínculos con pandillas.
Las cinco organizaciones, Cristosal, Fespad, Azul Originario, Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) señalan que las denuncias forman parte del primer mes de ejecución de dicho régimen en el país.
Las denuncias corresponden a casos en que las personas alegan no ser miembros de los grupos criminales, pero aún así, fueron privados de libertad por las fuerzas de seguridad.
La vulneración más denunciada es la detención arbitraria, siendo más del 70% de los casos registrados, seguido de casos como allanamientos de vivienda, lesiones, robo y muerte de persona detenida.
La mayor parte de las denuncias provienen del área metropolitana de San Salvador, pero hay al menos un caso en cada departamento; en su mayoría son hombres entre los 18 y 30 años.
