Por: Redacción YSKL.
Este lunes, la Asociación Promotora de Derechos Humanos EL Mozote (APDHEM), la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Mesa contra la impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones, solicitaron al presidente Nayib Bukele, no sancionar la “Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Victimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños”.
Dicho decreto fue aprobado el 28 de junio por la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las organizaciones solicitaron al jefe de Estado no sancionarlo y que sea devuelto al Congreso con reformas, con el objetivo de evitar que el articulado que se ha aprobado re victimice a las personas sobrevivientes de la masacre.
Los denunciantes destacan en la misiva que cuando la Asamblea aprobó el cuerpo normativo modificó sin una clara justificación la iniciativa de ley. “Además del cambio de nombre de la ley, del contenido y cantidad de artículos sometidos a votación de los 40, se redujo a 29. Para la aprobación de la ley no fue tomada en cuenta la opinión y búsqueda de consensos con las victimas sobrevivientes y familiares”, señalan.
Entre los aspectos que era necesario considerar para la discusión y aprobación de la ley son según las organizaciones, se destacan los siguientes:
-Se eliminó la gratuidad de las diligencias notariales que contemplaba la iniciativa del Órgano Ejecutivo. Por lo que además de burocrático el mecanismo aprobado se vuelve oneroso para las personas beneficiarias.
– Para las diligencias de declaratoria de Unión No Matrimonial y declaratoria de Paternidad, se regula la publicación de edictos en un diario de circulación nacional, lo que también implicará costos económicos adicionales, lo que pudo haberse regulado vía publicación gratuita en el Diario Oficial.
– La finalidad de la Ley está planteada de manera incorrecta, ya que se orienta a facilitar la incorporación de las personas que acceden a sus procedimientos al “Registro Único de víctimas y familiares de victimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la masacre de El Mozote y lugares aledaños”, pero los restringe “para que puedan reclamar las indemnizaciones”, cuando la creación del citado Registro en el respectivo Decreto Ejecutivo no está limitado al aspecto indemnizatorio.
-La normativa no solventa lo referente a las diligencias de aceptación de herencia que se deben seguir para el pago de las indemnizaciones respecto de las victimas ejecutadas, lo que mantiene una situación burocrática para el acceso a las reparaciones.
En tal sentido, los defensores de derechos humanos, solicitan al ejecutivo que “haga uso de su facultad consagrada en el Art. 137 inciso 3° de la Constitución, devolviendo el decreto antes mencionado con la observación pertinente”.
#ConferenciadePrensa | @IreneGVarela explica que lo aprobado por la @AsambleaSV revictimiza a las víctimas y expone las razones 👇 pic.twitter.com/l2kDoyOZst
— Cristosal (@Cristosal) July 4, 2022
