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Por: Redacción YSKL.
Representantes de Cristosal se presentaron este martes a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, para interponer una denuncia contra la Corte de Cuentas de la República (CCR) por negarse a indagar si hubo uso de recursos públicos en la contratación del software PEGASUS de la empresa israelí NSO Group.
Representantes de .@Cristosal llegan esta mañana a la Cámara de lo Contencioso Administrativo (Santa Tecla) para interponer una denuncia contra la @CortedeCuentas por negarse a indagar si hubo uso de recursos públicos en la contratación del software PEGASUS.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) July 19, 2022
Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/kMtNCSRsob
En enero del presente año, periodistas, defensores de derechos humanos denunciaron el uso de sistema en sus teléfonos, es decir, su aparato móvil había sido infectado para que un tercero tuviese acceso a sus mensajes, correos electrónicos, fotos, video, micrófono, cámara, llamadas y contactos telefónicos. Esto fue confirmado por una investigación conjunta de cuatro organizaciones internacionales: Access Now, Frontlines Defenders, The Citizen Lab y Amnistía Internacional.
En este sentido, los defensores afirman que solicitaron a la Corte de Cuentas que corroboraran si se utilizaron fondos públicos para la adquisición del spyware o si se contrataron los servicios de la empresa, puesto que en su página web, NSO Group recalcan que solo puede ser adquirida por Gobiernos.
Sin embargo, dos días después, la Corte declaró improcedente la petición argumentando que “según el principio de procedencia del enjuiciamiento penal sobre el administrativo no podía entrar a conocer el caso, y que dicha intervención a las telecomunicaciones no es competencia de la Corte de Cuentas de la República”, señalan en su comunicado.
Ante este panorama, Cristosal considera que la Corte de Cuentas “está incumpliendo su mandato al negarse iniciar un examen especial de los presupuestos de las agencias gubernamentales competentes en materia de seguridad pública e inteligencia del Estado».
