Por: Redacción YSKL
El Director de Centros Penales, Osiris Luna, restó importancia a las denuncias de algunas organizaciones civiles que han documentado muertes en las cárceles y detenciones fuera del marco legal, en el contexto del Régimen de Excepción.
En la entrevista Diálogo de Canal 21, Luna aseguró que los recintos penitenciarios, La Esperanza en San Salvador y la Granja Penitenciaria de Izalco, que se han destinado para los capturados, cuentan con centros médicos que se encargan de velar por la salud de los privados de libertad.
«Estamos dando planes de salud, tratamiento necesario, los tiempos de comida se da a tiempo, con calorías necesarias. Sin embargo, tengo que aclarar que las condiciones de una persona dentro de las cárceles, jamás pueden ser superiores a los que la población vive afuera, es que no son hoteles», señaló este martes.
En ese sentido, detalló que instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional y Comunidad Internacional ha ingresado a los recintos para verificar las condiciones de los presidiarios.
«El tema de hacinamiento no lo vamos a negar, sería irresponsable no decirlo, hemos capturado 47,000 personas, hemos enviado a cárceles con base al perfilamiento de las personas. Garantizamos temas de salud, porque las condiciones mínimas de derechos humanos se están dando. Se ha dejado entrar a la Cruz Roja Internacional, desde antes que llegara el Procurador (de Derechos Humanos)», explicó.
Por tanto, el funcionario calificó como «especulaciones», las denuncias. «El que quiera lanzar especulaciones, va a tirar lo que sea, pero a nosotros eso no nos va a detener», subrayó.
Organizaciones como Cristosal han documentado al menos 2,400 capturas arbitrarias desde que se aprobó el Régimen de Excepción, el 26 de marzo pasado. Asimismo, dan cuenta de al menos 60 fallecidos en los recintos carcelarios, las causas varían: falta de alimentación, atrasos para el suministro de medicamentos en el caso de pacientes crónicos, golpes y falta de atención médica cuando su salud se agrava.
Según el también Viceministro de Seguridad, Ad honórem, las personas que no se les comprueba nexos con pandilleros, son liberados. «Aquí vamos a ganarle la guerra a estructuras pandilleriles, y esas van a guardar prisión. Ninguna persona que sea inocente que no esté dentro de estos grupos, van a estar en prisión, eso se los aseguro […] aquel que no es, que no se preocupe porque esa persona va a salir», sentenció.
Desde el 26 de marzo, El Salvador ha aprobado cinco períodos de excepción, que suspende garantías judiciales con el fin de capturar a miembros de pandillas, detrás de diversos delitos.
El régimen de excepción consiste en la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión, el derecho a defensa, el plazo de detención administrativa se amplía a más de 72 horas; también se permiten las intervenciones telefónicas.
La tercera prórroga venció el 24 de julio; con este nuevo periodo que aprobó la Asamblea Legislativa, se aplaza hasta el 23 de agosto.