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La Asociación de Desarrollo Intercomunal de Administradores de Sistemas de Agua (ADINASANUCO) de Nueva Concepción, Chalatenango pidieron a la Alcaldía de la localidad, presentar una demanda ante juzgados ambientales y un aviso a la Fiscalía por la instalación de un proyecto de energía fotovoltaica en el lugar, ya que consideran que no reúne los permisos.
El 28 de junio pasado, se hizo pública la construcción de un parque de energía fotovoltaica para la minería bitcoin, financiado por un consorcio suizo liderado por un inversionista salvadoreño, el cual ascenderá a $200 millones de dólares.
La planta será construida en un área de 43 manzanas de bosque natural ubicadas en el Cantón El Gavilán, de Nueva Concepción.
Carlos Flores, del Foro del Agua, aseguró que el proyecto pondrá en estrés hídrico a unas cinco mil personas que habitan en la periferia; además, implicará un mayor gasto en la factura eléctrica.
Además, la empresa supuestamente negocia con autoridades de CEL, para que reciba energía de la red nacional, por medio de “minihidros”.
“Se habla de minado de bitcoin, se necesita mucha energía eléctrica y lo que se sabe, es que la energía es subsidiada, la más barata que da un Estado, para que la actividad, que es privada, sea rentable”, afirmó Flores.
Las comunidades exigieron una reunión con el Concejo Municipal para obtener información sobre la instalación de la empresa y constatar si cuentan con permisos ambientales, construcción, tala de árboles y cambio de uso de suelo. Aseguran que han solicitado las actas de acuerdos municipales y no tuvieron respuesta por falta de documentos que certifiquen una votación para colocar la primera piedra.
“A todas luces tienen impactos que pueden ser negativos, pero debido al poder que se ha acumulado, solo se está imponiendo, se habla de cambiar el uso de suelo. Ahora ni siquiera se ha informado a la población; no se ha elaborado la acción más mínima de análisis ambiental”, señaló Flores.
También solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, exigir a las empresas los permisos necesarios para que eviten daños en los ecosistemas y el agua del cual se abastecen las comunidades.
