Admiten pruebas contra exdirector del OIE y pasa a juicio civil por enriquecimiento ilícito

Eduardo Linares, ex Director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante los primeros años del Gobierno de Mauricio Funes. Imagen de referencia.
Eduardo Linares, ex Director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante los primeros años del Gobierno de Mauricio Funes. Imagen de referencia.

El exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Alfonso Linares, y su hijo Douglas Eduardo Córdova, enfrentarán juicio civil por enriquecimiento ilícito, según resolvió la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador al admitir parcialmente las pruebas en su contra.

Las pruebas admitidas ofertadas, tanto de la Fiscalía General de la República, como de los abogados de la defensa, serán valoradas en la siguiente audiencia probatoria, es decir, donde los magistrados decidirán de acuerdo a la misma, si se ha cometido o no un enriquecimiento ilícito, por parte de los demandados.

Además, autorizará a un perito financiero de la Corte de Cuentas de la República para que realice un análisis financiero a las pruebas aportadas. La audiencia probatoria ha sido programada para el próximo 25 de abril.

La Fiscalía General de la República inició una investigación a partir del informe emitido por la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en la cual señaló varias irregularidades en el patrimonio de ambos demandados, ya que, en el caso del exfuncionario son cinco irregularidades en sus movimientos financieros, tales como, depósitos bancarios en efectivo, compra de inmuebles, pagos en efectivo a tarjetas de crédito y una diferencia negativa en el análisis de sus ingresos y gastos, lo cual suma un incremento patrimonial sin justificación de 248 mil 598.49 dólares.

En cuanto a su hijo, a través de su declaración patrimonial, se encontraron tres irregularidades, que consisten en depósitos bancarios en efectivo y cheques a sus cuentas, por un monto de 22,010.98 dólares.

Ambos señalamientos consisten, de julio 2009 a diciembre 2011, en el período presidencial de Mauricio Funes.

El monto total demandado es de 270 mil 609.47 dólares, lo cual Fiscalía reclama para que sea devuelto al Estado de El Salvador por tratarse de un incremento patrimonial de forma injustificada, ya que no presentó la documentación pertinente, que acredite de donde provienen dichos fondos.