Por: Redacción YSKL
Desde el martes 24 de enero, el Juzgado 1o de Instrucción de San Miguel realiza la audiencia preliminar contra un “escuadrón de la muerte” vinculados al secuestro y posterior asesinato de cinco personas en 1981, período del conflicto armado en El Salvador.
Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 1981, los sujetos ingresaron a la vivienda de y los ejecutaron en el Cantón San Andrés del municipio de Santa Elena, Usulután.
Los acusados son: José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, por asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra.
Las investigaciones indican que el día en cuestión, los ex castrenses, armados y portando uniformes militares, sacaron violentamente a 5 víctimas de sus viviendas, en el cantón San Andrés, de San Miguel, les privaron de libertad y los condujeron en vehículos con rumbo desconocido. Horas después, los cadáveres, con señales de tortura, fueron hallados en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
Las víctimas son: Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, todos son asociados o directivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Milagro de R.L.
Para David Morales, Jefe de Justicia Transicional de Cristosal, una organización querellante en el caso, hubo un apoyo de la Tercera Brigada de Infantería, que tenía como objetivo eliminar objetivos de interés de la Fuerza Armada, pero también fue usada como herramienta de intimidación contra civiles.
En ese sentido solicita al juez que el caso sea trasladado a juicio.
«Esperamos que la audiencia preliminar permita la apertura a juicio, hay prueba sólida de la existencia y funcionamiento del escuadrón de la muerte y la pertenencia de los imputados y que funcionaban como una estrategia represiva de la Fuerza Armada», indicó Morales.
Los sujetos fueron detenidos en septiembre del año pasado, en el Cantón San Andrés y Ciudad Barrios, de la ciudad y departamento de San Miguel; y en Usulután.
Desde entonces, el Juzgado 4° de Paz de San Miguel decretó instrucción formal para José de la Cruz Orellana, que también fue enviado a prisión. Mientras que José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio se le emitió medidas sustitutivas a la detención, como el pago de una fianza económica de $20,000 cada uno, firmar cada 15 días en un Juzgado de Instrucción, no portar armas de fuego y no salir del país.
El último imputado, Ángel Aníbal Alvarado Benítez, pasó a la siguiente etapa del caso, para que el Juez de Instrucción decida su situación por no encontrarlo cuando se giró orden de detención y tampoco por acudir al citatorio que realizó el Juzgado 4° de Paz.
Al grupo de individuos se les procesa de Homicidio Agravado, Robo y Asociaciones Ilícitas, previstos y sancionados en el Código Penal de 1974.
“A todos se les menciona como parte de un grupo denominado como C2, pero la gente donde sucedieron los hechos los conocía como parte de un grupo que le llamaban ‘el escuadrón de la muerte’, eran conocidos en todo este lugar y mencionan que son responsables de varias muertes, no solo de estas sino de otros casos más que ocurrieron en todos los cantones que están alrededor del volcán de San Miguel”, aseguró el fiscal del caso.
El relato
Según el informe, el día en cuestión se reunieron en la casa del presidente de esa Cooperativa, Chávez Benavides, y realizaron cada uno sus respectivas aportaciones económicas para el pago de la cuota mensual al Banco de Fomento Agropecuario, por un crédito hipotecario a favor de la citada Cooperativa; el dinero recaudado que eran alrededor de 20,000.00 colones (conforme denuncia), dinero que fue recogido y resguardado por su presidente en su vivienda.
Esa tarde estuvo presente Luis Alonso Benavides, quien era ajeno a la reunión, pero estuvo observando todo lo que ocurría y quienes habían asistido; a él todos lo conocían como miembro de “orden” y lo tildaban de “oreja”, porque se encargaba de trasladar información a los militares, especialmente a un grupo conocido como la Sección Dos o la S- de la Tercera Brigada de Infantería y dirigido por un sujeto conocido con el alias de “Chele Anibal”.
Ese mismo día, pero entre las 9:00 y 10:00 de la noche, los moradores del lugar escucharon el ruido de vehículos que llegaban y de personas que corrían haca las casas; estos vivieron por las rendijas de las puertas y ventanas de sus casas, y pudieron observar que se trataba de miembros del ejército, quienes al llegar a la casa de la familia Chávez Benavides, tocaron a la puerta y gritaron “levántate Ángel, abrí la puerta, somos la autoridad, no vayas a intentar disparar porque te matamos a toda la familia”.
Cuando Ángel María abrió la puerta fue golpeado en la cara con la culata de un fusil y luego lanzado al suelo, los sujetos armados portaban uniformes militares y con un parche en el brazo que, con letras amarillas se leía “SECCIÓN 2”, estos sujetos ingresaron y también obligaron a María Verónica Ernestina, esposa del primero, a que se tirara al suelo boca abajo, comenzaron a registrar toda la casa preguntando donde tenían las armas; se llevaron un revólver, el dinero en efectivo que había sido recogido para pagar la deuda al banco y una máquina de escribir, entre estos sujetos habían algunos que portaban gorros navarone, otros pañoletas y otros con sus rostros descubiertos y alumbraban con lámparas de mano, en la puerta de la casa se quedó uno quien fue reconocido de inmediato como “El Chele Anibal”, a quien los moradores de la casa de los Chávez Aguilar conocían como el jefe de la Sección que estaba en una base militar asentada en la Hacienda Altamira, ubicada en Cantón El Niño, San Miguel.
Había otro sujeto vestido con ropa militar que entró a la casa e interrogaba Ángel María, preguntándole donde guardaban las armas y este les respondió que solo tenía una 38 para defensa personal, misma que encontraron debajo de la almohada de la cama y se la llevaron; este sujeto fue identificado como José Inés Benavides, seguidamente, otro sujeto de uniforme, después de registrar las habitaciones comenzó a alumbrarles el rostro a los hijos de Ángel María, quienes lograron reconocerlo como José de la Cruz Orellana, él decía “registren bien que ahí están las armas” y alertaba a los demás, pero no encontraron nada.
Estos mismos sujetos, después de que se apoderaron del dinero, el arma y de la máquina de escribir, sacaron de la casa a Ángel María y su esposa María Verónica; el Chele Anibal les ordenó a los hijos de la pareja de esposos que se quedaran dentro de la casa y boca abajo porque de lo contrario los asesinarían, que sus padres ya iban a regresar.
Luego se dirigieron a las casas vecinas de donde también sacaron a los hermanos Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón, quienes se encontraban con el padre de estos Juan Castellón, a quien golpearon y dejaron tirado e inconsciente en el suelo; y después fueron a una tercera vivienda, de donde sacaron violentamente a Luciano de Jesús Benavides; los subieron a los vehículos en que habían llegado y se los llevaron con rumbo desconocido.
Fue el día siguiente que los cadáveres de las cinco víctimas fueron encontrados semi enterrados, con señales de tortura y con heridas por disparos de arma de fuego.
