Presentarán avisos contra ONGs vinculadas a ex funcionarios de ARENA y FMLN

Por: Redacción YSKL

Este lunes, la Comisión Especial que investiga fondos otorgados a ONG afines a políticos recibió al equipo de abogados que revisaron los hallazgos más importantes de esta instancia. Los profesionales identificaron que se realizaron «procedimientos ilegales» para beneficiar con recursos a algunas de ellas, establecieron los montos que recibieron e individualizaron a los políticos involucrados.

El informe concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades.

“Son muchas las ONG a las que se les otorgaron los recursos que pudieron haber servido para proyectos del Ejecutivo, y todas tienen algo en común: mecanismos opacos y cero auditoría, y además que pertenecían a ex diputados de esta Asamblea Legislativa», aseguró la Diputada Alexia Rivas.

El abogado José Machado explicó que se logró identificar puntos que contribuyeron a verificar irregularidades: «Cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación llegaba a la Comisión de Hacienda, los montos se reajustaban y se asignaban a las diferentes carteras de Estado, como lo establece la ley. Sin embargo, quedaba un sobrante de dinero, llamado ‘cola presupuestaria’, era repartido entre las asociaciones y fundaciones».

El equipo de peritos dijo que en ese lapso no se llevó una contabilidad formal, no se presentaron balances anuales y no se rindieron informes sobre el uso del dinero ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación. Pese a ello, cada año, esas organizaciones recibían fondos públicos.

Otra irregularidad detectada por los abogados es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos. Además, se evidenció la participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos dentro de las fundaciones mientras se les otorgaba los fondos. Incluso, se les asignaban fondos a las ONG sin que estas hicieran peticiones formales o sin que se detallara el proyecto en el que se requería el financiamiento.

ONG investigadas

El estudio elaborado por el equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y  La Factoría Ciudadana.

Los abogados aclararon que algunas de estas fundaciones no fueron parte de los mecanismos corruptos de asignación de recursos, incluso, dijeron que eran las que menos dinero recibían.

Para construir el informe los abogados analizaron inscripciones, credenciales, balances presentados de manera incompleta en el registro de asociaciones sin fines de lucro, información emanada por la Asamblea Legislativa, dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda de las pasadas legislaturas y reportes de la Gerencia de Recursos Humanos del Órgano Legislativo para determinar la nómina de personal vinculado a las ONG y convenios institucionales que justificaban la erogación de fondos.

Durante la sesión, los abogados afirmaron que los señalados pueden ser denunciados ante sede judicial, debido a que el plazo de investigación de los delitos de corrupción se eliminó con una reforma impulsada en 2022.  “Este es un punto crucial, ya que hay delitos que se han cometido en gobiernos anteriores y la mayoría estaban prescritos, pero ahora tenemos una reforma que permite investigarlos en cualquier momento», apuntó el abogado José Machado.

Los especialistas propusieron a la Comisión Especial realizar reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y Ley General del Presupuesto para evitar que haya adjudicaciones discrecionales como las efectuadas en las legislaciones pasadas.