Por: Redacción YSKL
Este lunes, el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador reinició la vista pública contra ex funcionarios y grupo familiar del ex presidente Mauricio Funes, acusados de varios delitos de corrupción.
En el proceso son juzgados, el ex mandatario Funes; la ex primera dama, Vanda Pignato; el ex secretario de comunicaciones, David Rivas; el empresario Miguel Meléndez, Mecafé; y varios ex funcionarios de Casa Presidencial en la gestión 2014-2019.
La diligencia se había suspendido debido a una recusación presentada por la defensa de uno de los imputados contra uno de los jueces.
Francisco Arteaga, uno de los procesados y quien fungió como tesorero de la Casa de Gobierno, acusó al juez de imparcialidad, pues al haberlo procesado en un primer caso, habría riesgo de que al conocer la nueva causa, haya una «opinión preformada» por parte del juzgador. La impugnación fue llevada ante la Cámara 1° de lo Penal, misma que no ha dado resolución; aún así, el tribunal de sentencia continuó la diligencia.
«A estas personas se les condenó porque, según lo que decía la noticia, ayudaban a sustraer dinero del erario público y lo trasladaban a cuentas personales de Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, y si el Tribunal ya condenó a estas personas por los hechos que están relacionados con este, entonces ya tiene una opinión preformada sobre el proceso que constituye peculado y lavado de dinero, y eso pone en tela de juicio la imparcialidad del Tribunal», aseguró el abogado defensor.
Además de Pignato, Rivas y Mecafé, son acusados el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, el asistente técnico financiero, Pablo Gómez, Luis Miguel Ángel García y Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán, ex pareja del expresidente Funes.
Los imputados son acusados de Peculado, Lavado de Dinero y Activos, Evasión de Impuestos.
La Fiscalía General de la República ha señalado un monto defraudado de $351 millones.
