Por Redacción YSKL
El Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica se pronunció este martes, respecto a una serie de retrocesos en cuanto a los derechos humanos que afronta la región.
Según el informe del organismo, existen diversas denuncias en Centroamérica por vulneraciones a la democracia, debilitamiento del Estado de derecho, libertad de expresión y libertad religiosa, por parte de las autoridades pertinentes.
#Posicionamiento del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en C.A. sobre el contexto actual de #Centroamérica. pic.twitter.com/IBkzWcxQ9k
— Equipo Regional de Monitoreo de DDHH en CA (@equipo_ca) July 17, 2023
Señalaron que las víctimas principalmente tienden a ser “la ciudadanía, sindicalistas, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos críticas a los diferentes gobiernos”, detallaron.
Como resultado, indicaron que existen casos de supuestos arrestos arbitrarios, al igual que casos de personas desterradas de la región, y que “enfrentan procesos penales”. Estos suelen ocurrir en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
También se registró “la instalación de una narrativa de odio y descrédito promovida por los gobernantes y funcionarios en contra de voces críticas”, implementados de manera sistemática, ante lo que agregaron que “es materializada mediante el acoso policial, criminalización”.
El Equipo Regional destacó que en la región salvadoreña y guatemalteca se afronta constante “hostigamiento a la prensa independiente, así como el acoso sistemático a periodistas por parte de instituciones estatales”.
Ante lo que hicieron referencia al caso del periodista comunitario de El Salvador, Víctor Barahona, quien en julio de 2022, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, mientras se encontraba en su vivienda. Fue liberado bajo medidas sustitutivas, tras 11 meses en detención, bajo el régimen de excepción.
Otro ejemplo que señalaron fue la censura en cuanto a la publicación del libro “Sustancia de Hígado”.
El grupo de trabajo regional indicó que los sucesos son generados por “falta de políticas integrales de seguridad ciudadana; la insatisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; la ruptura de la forma de gobierno democrática y la ausencia del reconocimiento de las garantías fundamentales”, las cuales deterioran la calidad de vida de la población, junto con su dignificación.
“Ejemplo de carencia de políticas públicas efectivas es la adopción de regímenes de excepción como medida frontal para el combate a la criminalidad. En 2022 y meses del 2023 en Guatemala, Honduras y El Salvador se suspendieron al menos tres garantías constitucionales de la población”, dice el reporte.
Con base a ello, se hizo referencia al régimen de excepción, el cual, para el momento del informe, habría sido prorrogado por un total de 15 veces, dejando más de 68 mil personas detenidas. En la actualidad, se encuentra en vigencia la décimo sexta prórroga, cuya cifra de capturas asciende a más de 71 mil.
En lo que concierne al “cumplimiento de derechos civiles y políticos”, se refirieron a la situación de El Salvador como “limitado”, tomando como base, la captura del sindicalista Francisco Lizama, capturado el 9 de julio, por participar en una protesta pacífica, cuyo objetivo era exigir insumos para la realización de trabajos y pago de prestaciones para los trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Marcos.
El organismo hizo un llamado a los Estados centroamericanos, para que planifiquen y ejecuten políticas públicas integrales, las cuales deben tener como eje central “el respeto y la dignidad de las personas”.
Asimismo, al Sistema Judicial de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua “a actuar de manera ética, profesional e independiente de poderes fácticos y políticos”, para atender los casos de criminalización de jueces, sindicales, dirigentes defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.
