Denuncian postergación de audiencia de revisión de medidas en caso de líderes de Santa Marta

Por Redacción YSKL

Los representantes de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES Santa Marta) se pronunciaron este jueves ante la postergación del juicio en contra de cinco líderes comunitarios y la ampliación de la implementación de las medidas de detención provisional.

“Denunciamos que a los detenidos se les ha postergado la realización de una Audiencia Especial de Revisión de Medidas que fue ordenada hace 47 días por la Cámara Penal de Cojutepeque y se les ha extendido la detención ‘provisional’ hasta febrero de 2024”, señalaron los miembros de la asociación.

Según alegaron, no existen elementos para mantener a los imputados “en una condena ya anticipada, lo que violenta todos los parámetros legales, principios del derecho penal y derechos de una persona dentro de un supuesto ‘estado de derecho’”.

Tutela Legal hizo referencia a la denuncia que fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de este año, con la cual se otorgó al Estado de El Salvador hasta el pasado 14 de agosto “responder a las violaciones de derechos humanos planteadas y la situación de detención arbitraria en que se encuentran los detenidos”.

“La Comunidad Internacional está dando seguimiento a la instrumentalización del sistema de justicia salvadoreño para amedrentar y castigar a los líderes comunitarios de Santa Marta, con una ‘condena anticipada’ que esconde fines oscuros e intimida a la misma comunidad con el terror de la militarización”, recalcan los representantes de ADES Santa Marta y Tutela Legal.

Los afectados pidieron que “no se dilate más la Audiencia Especial Revisión de Medidas”, que se respete el debido proceso y la integridad de los detenidos “y se responda de forma inmediata y sin artificios ni falsedades la solicitud de información” solicitada por la CIDH “cuyo plazo ya venció”.

Previamente, habían denunciado que los parientes de los detenidos llevan siete meses encarcelados “en condiciones inhumanas y bajo reglas del régimen de excepción, aún cuando el caso no tiene relación con pandillas”, por lo que los imputados no han podido contactarse con su familia desde el 18 de enero, y en el caso del abogado defensor, desde el 7 de marzo.

Los imputados fueron encarcelados el pasado 11 de enero de este año, tras ser acusados por la Fiscalía, por los cargos de secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, en la época del conflicto armado.

Según las investigaciones, el 22 de agosto de 1989, los acusados presuntamente irrumpieron en la vivienda de María Inés, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron, en el cantón Santa Marta, ubicado en el municipio de Victoria, en Cabañas. La víctima habría sido acusada de haber colaborado con el ejército.

 La Asociación y pobladores de Santa Marta rechazaron la decisión, alegando que los dos magistrados suplentes, José María Zepeda, y Fernando Pineda Pastor, desestimaron los argumentos expuestos por el magistrado propietario, Martín Rogel Zepeda, quien se apartó del caso “ilegalmente”, dejando en su lugar al segundo magistrado propietario, Santiago Alvarado Ponce.

El fallo concluyó en dos votos en contra de la implementación de medidas sustitutivas, por parte de los magistrados suplentes, y un voto a favor, por parte del propietario.