Por Redacción YSKL
Un informe señaló que más de 200 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, como resultado de provocaciones atribuidas a agentes del Estado.
El reporte presentado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la organización Cristosal se enmarca en el contexto del régimen de excepción.
Según los datos recopilados por las organizaciones, los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) habrían sido señalados en alrededor de 223 casos, entre marzo de 2022 y junio de 2023.
“Solo en 2023, de enero a junio, de las 195 víctimas de desplazamiento forzado atendidas y documentadas por las organizaciones, el 76% identificó a la PNC y la FAES como victimarios”, establece el reporte.
Con base en los registros de las personas que recibieron acompañamiento, el 35.4% los afectados tienden a tener más de 60 años de edad; seguidos por aquellos entre los 31 y 59 años correspondientes al 22%.
En lo que concierne a menores de edad, las cifras entre los cero y los 12 años, corresponde al 17.5%; y entre los 13 y los 18 rondan el 9.4%.
El 42.2% de las personas afectadas son mujeres; mientras que el 27.8% son hombres. Las entidades no detallaron respecto al 30%.
En lo que concierne al estado de salud, se registraron a dos que tres sufren enfermedades crónicas y dos con discapacidades físicas o cognitivas.
Los departamentos en los cuales se dieron la mayoría de los sucesos fueron San Salvador con un 43.5%; La Libertad con 15.2%; y Sonsonate con 9.4%.
La cantidad de hechos violatorios de derechos humanos adicionales al desplazamiento forzado totalizan los 476 durante la vigencia del régimen.
El número de víctimas provocadas por agentes estatales, en particular por la PNC, ha aumentado durante la suspensión de derechos fundamentales por el régimen de excepción.
Esto se percibe, puesto que en el 2020, el 2.5% de los hechos correspondía a la policía, aumentando al 5.2% en 2021.
Cabe señalar que la cifra ascendió a un 41.5% para 2022, mientras que no se tenían datos de la FAES.
Actualmente, en el primer semestre del 2023 un 72.8% es atribuido a los agentes policiales; y un 3.3% se le atribuyen a la Fuerza Armada, esto suma un 76.1% del total de los casos atendidos.
Por su parte, aunque continúan ocurriendo, los casos provocados por pandillas han disminuido hasta un 15.2% en 2023; esto en contraste con el 91.2% reportado en el 2020.
La Directora del SSPAS, Verónica Reyna, mencionó que la mayoría de las víctimas han reportado los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Llama la atención que la mayoría de los hechos denunciados ha sido en la Procuraduría General de la República, cosa que no es común; generalmente es en la PDDH u otras instituciones, donde la población tiene un poco más de confianza”, agregó Reyna.
Según la experta, es inusual que la PGR cuente con la mayor cantidad de denuncias, puesto que tienden a presentarse denuncias a otras entidades, como la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual es de la segunda con más reportes, y es de las pocas que posee registros correspondientes al tema de desplazamiento forzado interno.
