Por Redacción YSKL
El Juzgado de Extinción de Dominio autorizó la venta de anticipada de 11 vehículos clásicos, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales habían sido decomisados a un exfuncionario de la gestión del expresidente, Mauricio Funes.
Según el informe publicado este martes, los automotores pertenecían al exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos Clará.
“Estos vehículos están vinculados en el caso que se sigue contra el expresidente Funes, acusado de desviar fondos del Estado, a través de la sociedad de Barrientos”, explicó la institución.
La incautación de los automóviles se dio el pasado 19 de agosto de 2021, en la vivienda de Barrientos Clará.
Tras solicitud de la @FGR_SV, el Juzgado de Extinción de Dominio ha autorizado la venta anticipada de 11 vehículos clásicos decomisados a Hugo Barrientos Clará, exfuncionario durante la gestión de Mauricio Funes, 2009-2014.
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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 11, 2023
El proceso judicial señaló que el exministro habría recibido varios cargos en la administración pública, por parte de Funes, durante ese período, por lo que supuestamente le fueron depositados fondos de la Cuenta Subsidiaria de Casa Presidencial.
Entre los principales hallazgos en el caso denominado “Operación Saqueo Público”, destacaron que Hugo Barrientos, dueño de Arquitectos S.A. de C.V. recibió más de $2 millones de dólares para remodelar casas compradas por testaferros del entonces mandatario.
Según la Fiscalía, diseñó y construyó una vivienda lujosa en Lomas de Altamira valorada en medio millón de dólares para el empresario Miguel Menéndez, “Mecafé”, la cual desde su construcción fue rentada por más de $3,000 mensuales a Ada Mitchell Guzmán, para vivir junto al expresidente Funes.
El Ministerio Público, como parte de su investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos supuestamente cometidos por Funes, quien es ciudadano Nicaragüense, consideró que era necesario allanar las oficinas y bodegas de la empresa del exfuncionario Barrientos para incautar documentación y libros contables que expliquen cómo se construyó y pagó esa vivienda.
