Por Redacción YSKL
Los representantes del Movimiento de Justicia Social y Contraloría Ciudadana de Santa Ana, se presentaron este martes, ante la Sala de lo Constitucional para entregar un escrito de pronto despacho, con relación a un decreto que brinda un plazo de dos años a la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar delitos por agrupaciones ilícitas.
“Presentamos una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 803 que conllevaba juicio colectivo, ampliación del término de instrucción y ya no es necesario que existan víctimas para poder acusar a las personas. Sin embargo, la Fiscalía empezó a solicitar a los jueces, la aplicación total de este Decreto, aún cuando existe una demanda de inconstitucionalidad; no tendrían que haberlo aplicado”, señaló la abogada, Roxana Cardona.
Según explicó, la implementación de la medida podría repercutir en que los plazos en que se desarrollan los procesos, se alarguen, de manera que las investigaciones demoren al menos hasta el 2025.
“Después del 2025, cuando ya tengan agrupadas todas las personas, lo que va a llevar es que va a prorrogar nuevamente, la Fiscalía, va a solicitar una nueva prórroga que nos vamos a ir hasta el 2027, 25, 26, 27, nos vamos a ir hasta el 2027, en donde ahí, sí van a empezar a investigar a las personas, vamos a tener condena hasta el 2028. Esto es totalmente grave”, expresó la experta.
Los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción solicitaron a través de una demanda de inconstitucionalidad como medida cautelar, que no se aplique el decreto, de manera que se pueda avanzar con las investigaciones y las respectivas audiencias de los procesados.
