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Por: Redacción YSKL
Juan Josué Castillo Arévalo, alias «Samurái», un exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), fue sentenciado a 60 años de cárcel por asesinar a dos personas entre junio y agosto de 2016, informó este sábado la Fiscalía General de la República (FGR).
Castillo Arévalo pertenecía a un grupo de exterminio que operaba en Usulután y San Miguel, a quienes se les atribuyen más de 40 homicidios.
Este sujeto le quitó la vida a sus víctimas en los cantones Los Chorros y El Tablón, ambos del municipio de San Francisco Javier, Usulután.
Sobre Castillo también pesa un proceso en un Juzgado Especializado de delitos contra la mujer por el feminicidio de una agente policial, Carla Ayala.
Ayala desapareció la madrugada del 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año en el GRP en la Colonia San Fernando de San Salvador; nueve meses después, su cadáver fue encontrado enterrado en una tumba clandestina, ubicada en cantón Los Horno de San Francisco Javier, Usulután. Desde el día de los hechos Castillo no ha sido visto; el Juzgado emitió difusión roja, después que informes de inteligencia policial señalaran que podría encontrarse en Guatemala.
El caso
La Fiscalía acusó a 10 miembros de la corporación policial y 4 civiles del feminicidio, uno de ellos es “Samurai”, señalado como autor material del crimen.
Según el relato ventilado en las primeras audiencias, Castillo acosó a Ayala, negándose a sus insinuaciones. Terminada la fiesta, dos agentes, Castillo y Ayala, abordaron una patrulla policial, con el fin de dejar a esta última a su casa en Apopa.
Las investigaciones apuntan a que en el trayecto, Samurai habría disparado a Ayala; los agentes, al ver la escena, regresaron a la base del GRP, dejando a la agente desangrarse, minutos después, según los testimonios, Castillo tomó la patrulla y escapó.
Los primeros testigos, así como los policías destacados esa noche fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de deberes. Misma acusación enfrentaron los agentes que no auxiliaron a Ayala.
El juez también abrió causa contra tres familiares de Castillo, puesto que se determinó que ayudaron a que este enterrara el cuerpo de Ayala en un terreno de San Francisco Javier, Usulután.
De acuerdo con la hipótesis de la FGR, los policías y civiles permitieron y dieron las facilidades al presunto feminicida de escapar y alegaron que existen evidencias que la agente Ayala aún estaba con vida al momento que llegaran a las instalaciones del GRP.
En el proceso, uno de los acusados por encubrimiento, José Atilio Jiménez Quintanilla, confesó el hecho para recibir un procedimiento abreviado.
Además, en el juicio declararon criminalistas, los implicados, así como Mauricio Arriaza Chicas, actual Director de la Policía Nacional Civil (PNC), que en ese entonces fungía subdirector de Áreas Especializadas, unidad la cual estaba adscrita el GRP.
