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Por Redacción YSKL
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa dio inicio este martes al análisis de las propuestas de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, con la participación del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado.
En su intervención, el funcionario destacó la necesidad de ajustar los plazos de detención provisional para mejorar la eficacia del sistema judicial.
Al respecto, indicó que se debería «considerar regulaciones que permitan que en el caso de los delitos menos graves se estime un plazo de duración de la medida cautelar de un año, prorrogable por un período igual durante el trámite del proceso en primera instancia».
Asimismo, valoró que, en el caso de los delitos graves, el plazo de duración de la detención provisional estimado en dos años se debería prolongar por un período igual de otros 24 meses durante la primera instancia, y que al momento de emitir una sentencia condenatoria, el plazo de la detención provisional pueda prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta a la persona procesada.
Argumentó que esto permitiría una mejor administración de justicia y evitaría dilaciones indebidas por parte de los litigantes.
«De esta manera, durante todo ese tiempo, la persona permanecería bajo detención. Sin embargo, ya existiría un pronunciamiento del órgano judicial que valoró pruebas y consideró la existencia del delito y la participación en la comisión de los hechos. Además, no enfrentaríamos la infinidad de recursos y artimañas que pueden utilizar las partes para dilatar el proceso en primera instancia, lo cual podría provocar que al momento de la tramitación de los recursos se venza el plazo de la detención provisional», explicó.
La normativa actual establece que la detención provisional no debe exceder los 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, con la posibilidad de extenderse en casos específicos como la extradición o durante el trámite de recursos de sentencia condenatoria.
Por otro lado, la propuesta de reforma presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sugiere que la detención provisional no debe exceder la mitad de la pena máxima prevista para el delito imputado, salvo en casos excepcionales.
La iniciativa también establece que los jueces y tribunales podrían extender la detención provisional hasta 24 meses adicionales para delitos graves, con responsabilidad penal en caso de no emitir una sentencia definitiva en dicho plazo.
«Las reformas propuestas buscan un marco regulatorio que garantice el derecho a la propiedad y aborde los delitos patrimoniales», afirmó.
Según Delgado, es crucial que el sistema penal sea más riguroso para evitar que los delincuentes se beneficien de penas leves, especialmente en el contexto de hurtos y estafas.
El Fiscal General también propuso endurecer las penas relacionadas con la adquisición de mercancías robadas, mencionando que «existe un mercado potencial en el que se revende lo robado» y que se debe reducir la oferta de estos productos.
Destacó que la legislación debe proteger a los comerciantes y consumidores, así como evitar que se repitan errores cometidos por otros países.
Los diputados acordaron recibir al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el próximo 29 de julio para discutir las valoraciones sobre los expedientes en estudio.
