Por Redacción YSKL
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa acordó este jueves, convocar al Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, para la próxima sesión de estudio programada para el 12 de agosto, a las 10:00 de la mañana.
La convocatoria tiene como objetivo recibir las valoraciones de Trigueros sobre la propuesta de ley titulada «Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción» (DOT).
Esta propuesta busca establecer una nueva institución autónoma, la DOT, con el mandato de otorgar autorizaciones y permisos para lotificaciones, obras, proyectos de urbanización y construcción.
Con la ley se pretende modernizar y agilizar el proceso de concesión de permisos, reduciendo tiempos de espera y simplificando los trámites para el desarrollo de proyectos en el país. La DOT será responsable de emitir regulaciones, políticas y planes necesarios para su funcionamiento y establecerá políticas nacionales sobre el uso del suelo y el ordenamiento territorial.
La entidad estará dirigida por un Consejo Directivo compuesto por representantes del CNR, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad Salvadoreña del Agua.
El Consejo será presidido por el Director Ejecutivo del CNR o su delegado, con el titular del Ministerio de Vivienda actuando como suplente en caso de ausencia.
El proyecto de ley también establece un sistema detallado para la imposición de sanciones por infracciones a la normativa.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves incluyen la falta de información sobre el inicio de obra o la ausencia de una bitácora de obra. Las infracciones graves abarcan el incumplimiento de medidas técnicas establecidas por la DOT, así como la destrucción de bienes urbanos y la obstrucción de inspecciones. Las infracciones muy graves comprenden la construcción sin permisos válidos y la ejecución de obras por personas no registradas.
Las sanciones para infracciones van desde multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales para infracciones leves, hasta multas de hasta 1,000 salarios mínimos mensuales para infracciones muy graves.
Además, se pueden imponer sanciones accesorias como la demolición de edificaciones no autorizadas, reparaciones por daños causados, y la suspensión del registro de profesionales responsables.
El funcionamiento financiero de la DOT estará sujeto a auditoría interna y fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de la República.
La iniciativa de ley también prohíbe la creación de nuevos trámites o requisitos adicionales para permisos de construcción y excluye ciertos proyectos, como los ubicados en el Centro Histórico de San Salvador y aquellos desarrollados bajo regímenes especiales antes de septiembre de 2012.
El patrimonio de la DOT se constituirá a partir de transferencias del Presupuesto General del Estado, aportes iniciales del CNR, ingresos por tarifas y servicios, así como recursos provenientes de inversiones y donaciones. La entidad deberá presentar su presupuesto anual al Ministerio de Hacienda y remesar un 25% de sus utilidades al Fondo General del Estado, salvo autorización para una cantidad menor destinada a inversiones.
