Por Redacción YSKL
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un pronunciamiento este sábado, sobre el allanamiento en la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez y su pareja, Steve Magaña, ocurrido la noche del 4 de diciembre.
La APES consideró que este allanamiento es «preocupante y grave», ya que se confiscaron equipos electrónicos y documentación personal de los periodistas.
El presidente de la gremial, Sergio Arauz, destacó que «se llevaron sus discos duros, sus computadoras y su equipo de trabajo», lo que plantea preocupaciones sobre la protección de las fuentes de información.
Arauz añadió que «policías que no dan mayor detalle de las razones por las que se está requiriendo este equipo tengan acceso, probablemente, a fuentes con información que nuestra colega maneja».
Por su parte, el abogado de la asociación, Oswaldo Feusier, señaló que durante el allanamiento, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que el procedimiento se realizaba por un supuesto delito patrimonial, pero no proporcionaron detalles sobre el tribunal que lo ordenó.
Feusier cuestionó: «¿Cuál es el objeto de la misma? ¿Qué tribunal lo ordenó? ¿En qué lugar fue que se ordenó? ¿Qué objetos estaban buscando?».
La APES también informó que los agentes que realizaron el allanamiento llegaron en vehículos sin identificación visible y ocultaron sus rostros. La orden judicial presentada no mencionaba los nombres de los periodistas, solo la dirección de la vivienda.
A pesar de esto, se incautaron computadoras, discos duros, teléfonos celulares y documentación personal.
La APES recordó que, según el artículo 6 de la Constitución de la República, «no pueden ser secuestrados como instrumentos de delito la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento».
La organización solicitó a las autoridades que respeten las garantías y derechos fundamentales de Rodríguez y Magaña, y que se abstengan de utilizar el sistema policial y penal como un mecanismo de persecución del periodismo independiente.
La APES también advirtió que este tipo de acciones generan un clima de intimidación y autocensura que afecta la libertad de expresión y el acceso a la información en El Salvador.
Asimismo, agregó que, desde el incidente, han estado vigilantes y han proporcionado acompañamiento legal a través de su Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos a los afectados.



















