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Por: Redacción YSKL
Este jueves, los Diputados dictaminaron a favor de aprobar la Ley Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití.
Esta normativa facultará a la institución a enviar un contingente de militares al país caribeño, que enfrenta un grave problema de violencia pandilleril, para realizar evacuaciones médicas y de apoyo a la seguridad.
El despliegue de soldados salvadoreños en aquella nación es parte de un Acuerdo sobre las protecciones de la condición de la MMAS en Haití, el cual busca dar seguridad jurídica para los Estados parte, contratistas y personal de la misión, que es respaldada por la Organización de las Naciones Unidas y liderada por Kenia.
La ley se basa en la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que data de ese año, en el cual se establecen privilegios e inmunidades del personal destacado en la misión. Además se les otorgarán instalaciones y concesiones de su uso.
La operación de incursión es liderada por Estados Unidos, y según el documento «la Fuerza Armada de El Salvador está en condiciones de apoyar la referida misión con aeronaves de ala rotativa completamente equipados para evacuaciones médicas y con protección de otras aeronaves propias y otros vehículos que se consideren necesarios para la misión (…) asimismo de personal civil y militar».
El Salvador se comprometió ante la ONU en tareas de evacuación médica (MEDEVAC) «garantizando todos los procedimientos cumplan con los estándares».
En el acuerdo se lee que el despliegue del personal será hasta el 2 de octubre de 2025, pudiendo ampliar los apoyos a Haití, en «consideración de las necesidades de la misión y de acuerdo a capacidades institucionales, siempre que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueve la extensión de la operación».
El personal «gozará de libertad de movimiento y tendrá derecho de emprender aquellas actividades consideradas necesarias».
El pelotón salvadoreño deberá «respetar las leyes y costumbres locales y abstenerse de cualquier actividad incompatible con la naturaleza imparcial e internacional de sus funciones».
Además, el Presidente de la República de El Salvador está facultado a realizar los arreglos necesarios para evitar que el personal del contingente de El Salvador no sea entregado o transferido a un tribunal internacional para ser juzgado y que garantice el trato favorable y equitativo entre representantes de cada nación.
