Recomiendan a El Salvador poner fin al régimen de excepción en revisión de derechos humanos de la ONU

Por Redacción YSKL

El Salvador fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, donde diversos Estados revisaron el cumplimiento de derechos humanos en el país.

En esta evaluación, realizada por última vez en 2019, se presentaron recomendaciones enfocadas en diversas áreas como la protección de grupos vulnerables, la atención a víctimas de violencia y la promoción de derechos fundamentales.

Durante la sesión, diversos países recomendaron a El Salvador poner fin al régimen de excepción y garantizar los derechos de las personas capturadas bajo este marco. Sin embargo, Argentina se destacó como el único Estado que apoyó la continuidad de esta medida.

Desde el Estado salvadoreño, las autoridades expresaron su compromiso con los derechos humanos y la transformación del país.

El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, destacó los avances en materia de seguridad y derechos humanos.

«Hemos demostrado con hechos comprobables que es posible romper el círculo de violencia y construir un futuro más seguro y próspero para todos, con respeto a los derechos humanos», expresó.

Guzmán también destacó que El Salvador busca ser un referente de esperanza en la lucha contra la delincuencia y la construcción de un país seguro.

«Hoy, El Salvador vive una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. Este no es cualquier triunfo. Hasta hace algunos años, nadie hubiera creído que esto fuera posible; incluso los salvadoreños nos preguntábamos si algún día lo lograríamos», añadió.

Además, enfatizó que el país está comprometido con la transformación social y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, invitando a la comunidad internacional a acompañar al país centroamericano en este proceso de cambio.

Por su parte, René Escobar, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), subrayó los esfuerzos de la institución para garantizar el acceso a la justicia y proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

«La Defensa Pública Penal continúa trabajando en sus capacidades de respuesta frente a los desafíos en el marco del régimen de excepción (…) Invito a los organismos internacionales y la sociedad civil a sumar esfuerzos para garantizar los derechos de estas poblaciones», declaró.

Linda Amaya, directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia (CONAPINA), resaltó las políticas orientadas a la prevención de vulneraciones desde la infancia y la restitución de derechos.

«Trabajamos en reconstruir un tejido social dañado, asegurando que nuestra niñez crezca en entornos seguros y con acceso a derechos fundamentales como la educación y la recreación», afirmó.

El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, destacó los avances en seguridad alimentaria y nutrición, señalando que estas áreas son pilares fundamentales para la salud de la población. También informó sobre estrategias enfocadas en la atención integral de adolescentes, que incluyen salud mental, prevención de embarazos y acceso a servicios de salud amigables.

Según datos proporcionados, los embarazos adolescentes disminuyeron del 30.49% en 2018 al 17.65% en 2024, reflejando un avance significativo en esta área.

El Salvador reafirmó su compromiso como un Estado que protege la vida desde la concepción, de acuerdo con su Constitución. Según el viceministro, las leyes «Crecer Juntos» y «Nacer con Cariño» constituyen un marco legal para garantizar atención integral de calidad, enfocada en el bienestar de las nuevas generaciones.

Por otro lado, desde la sociedad civil, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, expresó su preocupación por la retórica del Estado salvadoreño, señalando que «tenemos una crisis de derechos humanos bastante profunda».

«Nos sorprende positivamente que se han retomado varias de las recomendaciones en temas de seguridad, que se hicieron particularmente la necesidad de que incluso se le ponga un plazo de finalización al régimen de excepción, incluyendo también asegurar el debido proceso y el juicio justo para las personas detenidas, poder tener asistencia letrada», destacó.

También destacó la necesidad de un seguimiento a las recomendaciones formuladas por los Estados, enfatizando que «esperamos que en esta implementación de las recomendaciones, sí se nos tenga en cuenta».

Georgina Villalta, coordinadora de la Red para la Infancia y la Adolescencia, también destacó la necesidad de un seguimiento a las recomendaciones realizadas por los Estados.

«Esperamos un seguimiento para que estas recomendaciones sean cumplidas», agregó.

El EPU es un mecanismo de la ONU que permite a los Estados evaluar y mejorar su situación en derechos humanos mediante un proceso de revisión periódica.

Su objetivo es promover el respeto y la protección de los derechos humanos en todos los países, asegurando que se tomen en cuenta las preocupaciones y recomendaciones de la comunidad internacional.

Este proceso busca identificar áreas de mejora, así como fomentar el diálogo y la cooperación entre los Estados y la sociedad civil, con el fin de garantizar que se implementen medidas efectivas para proteger los derechos de todas las personas.