Por: Redacción YSKL.-
El sistema de pensiones en El Salvador enfrenta incertidumbre ante la propuesta de una nueva reforma prevista para 2026. El experto en temas previsionales, Patricio Pineda, advirtió que el Fondo Monetario Internacional FMI exigirá mayor transparencia en el manejo de los fondos antes de aprobar cualquier cambio. Para ello, el organismo ha solicitado un estudio actuarial que deberá completarse en julio de 2025.
“Hay que estar atentos un poco entre los próximos 100 días a ver qué cosas empiezan a revelar del sistema de pensiones tomando en cuenta que muy probablemente la presión del Fondo Monetario Internacional pase ya a una etapa más formal en el sentido de que necesiten saber ciertos datos que se han mantenido en reserva (…) dentro del tema de pensiones hay dos puntos bien importantes e interesantes. El primero de ellos que tiene que hacer un estudio actuarial, para corregir la plana mal hecha en el 2022, pero a la par de eso tiene que haber transparencia en la información sobre el manejo de las finanzas del fondo”, mencionó Patricio Pineda.
Uno de los principales problemas señalados es la disminución del número de cotizantes. Según datos oficiales, en marzo de 2023 se registraban 852,000 cotizantes, 50,000 menos que en informes anteriores. Esta reducción, vinculada a la pérdida de empleos en el sector privado, lo afecta la sostenibilidad del sistema, ya que hay menos aportes para financiar las pensiones de los jubilados.
Actualmente, el país opera con dos sistemas de pensiones: el Sistema Público de Pensiones (SPP), que atiende a los afiliados del antiguo modelo de reparto, y el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, el SPP enfrenta un grave déficit financiero, ya que cuenta con solo 2,300 contribuyentes para 88,000 beneficiarios. Este desbalance ha llevado a una dependencia creciente de la emisión de Certificados de Obligación Previsional (COP) y transferencias estatales.
El FMI estima que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), entidad a cargo del sistema público, aumentará del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 a 2.9% en 2027. Este incremento se atribuye a los costos del servicio de la deuda y al vencimiento del período de gracia en el pago de intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), aprobados en la reforma de 2022. Como consecuencia, el financiamiento estatal destinado a pensiones pasará del 0.5% al 1.1% del PIB en ese mismo período.
El experto en temas previsionales, Patricio Pineda, ha señalado que el estudio actuarial será clave para corregir los errores de la reforma de 2022, pero advierte que sin datos claros y accesibles no se podrá realizar un análisis serio e independiente.
Además, Pineda cuestionó la emisión de deuda para el pago de pensiones, señalando inconsistencias en los montos utilizados. En 2023, se requerían $678 millones para cubrir las obligaciones previsionales, pero el gobierno emitió $1,098 millones en deuda. De manera similar, en 2024 se necesitaban $679 millones, pero se emitieron $1,000 millones, lo que considera como una falta de claridad sobre el destino del excedente que genera dudas sobre la administración de los recursos.
El FMI ha advertido que, sin información clara sobre la situación financiera del sistema de pensiones, no se podrá realizar un estudio actuarial riguroso. Este análisis es esencial para evaluar la viabilidad de la reforma de 2026 y garantizar que las decisiones se basen en datos precisos, dijo Pineda.
