Por: Redacción YSKL.-
Una perito de la Corte de Cuentas de la República (CCR) rindió su declaración este viernes como testigo de cargo en el juicio que se sigue en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y cuatro personas más. La experta fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las pruebas en el proceso que indaga presuntos actos de corrupción durante la gestión municipal de Montano.
Durante su intervención, la perito explicó que realizó una auditoría financiero contable relacionada con una licitación pública adjudicada a la empresa Lex Support, la cual fue contratada para la recuperación de mora tributaria por un monto estimado de $5 millones.
Según detalló, la compañía logró recuperar cerca de $867,000, de los cuales un porcentaje del 24.97 % —más de $130,000— fue destinado al pago por sus servicios. Este punto fue objeto de cuestionamientos por parte del abogado defensor de la exalcaldesa, Miguel Ángel Cárcamo, quien señaló que la contratación fue aprobada de manera colegiada por el concejo municipal y que el pago estaba condicionado a los resultados obtenidos: “Si la empresa no recupera ni cinco, no recibe ni cinco”, enfatizó.
La causa contra Montano de Martínez se basa en una investigación fiscal por delitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y responsabilidades administrativas durante su periodo al frente de la comuna. Entre los cargos que se le imputan figuran apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociación ilícita y actos arbitrarios. La Fiscalía sostiene que las decisiones tomadas en su gestión generaron perjuicio económico al municipio y violaron normativas legales.
Por su parte, el abogado Carlos Meléndez, defensor del imputado Roque Ricardo Roque Baires y representante legal de Lex Support, defendió la legalidad de la contratación. Afirmó que el proceso de licitación fue transparente y que la empresa fue seleccionada por decisión del concejo municipal, siendo considerada la mejor oferta.
“No hay ninguna ilegalidad. El mismo concejo municipal contrató y avaló que mi cliente era la mejor oferta”, dijo Meléndez, quien también criticó que la perito no hiciera referencia al hecho de que fueron dos empresas las contratadas simultáneamente para la recuperación de la mora ni al monto completo pactado.
El juicio continúa con la presentación de testigos por parte de la Fiscalía, que ha anunciado que más de 100 personas serán llamadas a declarar, en su mayoría empleados de la alcaldía.
