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Por: Redacción YSKL.-
El Juzgado de Sentencia de Chalatenango enfrenta complicaciones para conformar el jurado ciudadano en el juicio contra tres exmilitares salvadoreños acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado en 1982.
En la primera convocatoria, realizada para seleccionar a los jurados del municipio de Dulce Nombre de María, solo cinco de las 12 personas llamadas pudieron ser notificadas. De las restantes, seis habían migrado fuera del país y una se encontraba privada de libertad, según fuentes cercanas al proceso. La ley salvadoreña exige que el jurado esté conformado por al menos cinco propietarios y un suplente, que no sean militares ni empleados del Órgano Judicial.
Óscar Pérez, representante de la Fundación Comunicándonos —organización que acompaña jurídicamente a las familias de las víctimas— confirmó que ya se realizó una segunda convocatoria para intentar conformar el jurado. La nueva lista de 12 personas fue acordada por todas las partes del proceso. Se espera que las personas notificadas se presenten el lunes 3 de junio para iniciar la vista pública.
Los acusados son el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, el coronel Francisco Antonio Morán y el general José Guillermo García, todos exmiembros de alto rango de la Fuerza Armada salvadoreña. Actualmente, Reyes Mena se encuentra en Estados Unidos y enfrenta un proceso de extradición, mientras que Morán y García permanecen ingresados en un hospital privado por motivos de salud.
Contexto del caso
El 17 de marzo de 1982, los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsem y Hans ter Laag fueron emboscados y asesinados por una patrulla militar en la zona de Santa Rita, departamento de Chalatenango. Los comunicadores, que trabajaban para la cadena IKON de los Países Bajos, investigaban denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil salvadoreña.
Durante décadas, el caso permaneció impune. Sin embargo, tras la anulación de la Ley de Amnistía en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional, se reabrió la posibilidad de enjuiciar crímenes de guerra y de lesa humanidad. En 2018, se presentó la denuncia penal, y el proceso formal avanzó a partir de 2021, cuando el Juzgado de Instrucción de Chalatenango admitió la causa.
En abril de 2024, familiares de dos de los periodistas viajaron desde los Países Bajos para asistir al inicio de la vista pública, pero esta fue suspendida un día antes a solicitud de la defensa del coronel Reyes Mena. Las víctimas y sus representantes lamentaron el aplazamiento, calificándolo como un revés para la búsqueda de justicia.
El juicio es considerado un caso emblemático en el país, al tratarse de una de las primeras causas en llegar a etapa de vista pública por crímenes cometidos contra periodistas extranjeros durante el conflicto armado salvadoreño.
