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Por: Redacción YSKL.-
Familiares de algunos de los 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador, solicitaron al gobierno salvadoreño autorización para visitar a sus parientes, actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente. Los solicitantes también exigieron conocer el estado físico y legal de los detenidos, cuya captura responde a un acuerdo bilateral entre Washington y San Salvador.
La petición fue realizada por dos mujeres que viajaron desde Venezuela —una tía de Widmer Agelvis Sanguino y una representante de la familia de Andry Hernández Romero— quienes se reunieron con organizaciones humanitarias en San Salvador para visibilizar el caso. Ambas señalaron su preocupación por la incomunicación en la que se encuentran sus allegados desde su reclusión, además de cuestionar las condiciones en las que fueron detenidos, alegando que no existen pruebas concluyentes que los vinculen con grupos delictivos.
Los migrantes fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración del expresidente Donald Trump, que los acusó de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Las autoridades salvadoreñas los recibieron como parte de un acuerdo de cooperación, por el cual Estados Unidos destina recursos financieros a El Salvador para su custodia.
La organización no gubernamental Fundación El Amparo Internacional, con sede en Venezuela, acompaña el caso de una decena de los detenidos originarios del estado de Táchira. Su presidente, Walter Márquez, entregó una solicitud formal a la Dirección de Centros Penales para visitar a los internos, y reiteró que ninguno ha enfrentado juicio ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
En marzo pasado un grupo de tres abogados salvadoreños presentó recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia en favor de 30 de los migrantes venezolanos. Los juristas argumentaron que la detención carece de sustento legal, dado que la legislación salvadoreña no distingue entre nacionales y extranjeros en materia de derechos constitucionales. Solicitan su liberación inmediata y posterior repatriación, apoyados en convenios internacionales de derechos humanos.
Los familiares afirmaron que varios de los venezolanos fueron identificados en los videos oficiales difundidos por el gobierno salvadoreño, donde aparecen rapados, encadenados y con el uniforme de reclusos del CECOT. Hasta la fecha, los abogados no han logrado tener contacto con los detenidos, y los recursos legales interpuestos siguen sin respuesta por parte de las autoridades salvadoreñas.
Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por este tipo de detenciones, señalando presuntas violaciones al debido proceso y cuestionando la aplicación de normativas legales asociadas a contextos bélicos para justificar la privación de libertad de personas en situación migratoria irregular.
