Protestas contra proyecto que reduce condena a Bolsonaro

Por: DW

Miles de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades de Brasil contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

Río de Janeiro, Brasilia y São Paulo fueron tres de las más de diez capitales en las que los manifestantes se organizaron bajo el lema ‘Congreso enemigo del pueblo’ para protestar; en algunas, optaron por caminatas y discursos durante la mañana, mientras que en otras se vivieron masivos actos vespertinos, con la participación de importantes figuras de la música y la cultura brasileña.

En la capital paulista, el acto central se concentró frente al Museo de Arte de São Paulo (MASP), donde los organizadores desplegaron una pancarta con la leyenda «Bolsonaro a la cárcel”, junto a una imagen del expresidente entre rejas, y denunciaron la actuación del Poder Legislativo, que consideran que prioriza una agenda lejana al pueblo en lugar de los temas sociales urgentes.

Polémico proyecto

El proyecto de ley, aprobado con apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser debatido en el Senado y es visto por los críticos como una suerte de amnistía, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.

Entre ellos, el exmandatario de 70 años, condenado por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión, quien, según el propio relator del proyecto, podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años.

Entre otras cuestiones, el proyecto busca impedir la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares.

Por tanto, de avanzar como está, se aplicaría únicamente la pena más grave, que es la de golpe de Estado (hasta 12 años), eliminando la suma de la pena por intento de abolición violenta (hasta 8 años).

Y permite además la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de haber habido violencia, una cuarta parte de la misma.